Algunos números alivian… otros no
En el frente económico, Mendoza no ha logrado esquivar la tormenta inflacionaria nacional. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la provincia acumula un 20,2% de inflación en los primeros nueve meses de 2025, por debajo del 22% nacional. El IPC de septiembre mostró una leve aceleración (2,2% vs 2,0% en agosto), impulsado principalmente por el rubro "vivienda y servicios básicos", que trepó un 4% mensual.
Drástica reducción de la pobreza, con matices
En el plano social, las cifras también muestran una dualidad persistente. La pobreza en el Gran Mendoza cayó abruptamente del 52,9% al 33,5% entre el primer semestre de 2024 e igual período de 2025, mientras que la indigencia se redujo del 13,8% al 4,7%. Esta mejora estadística, sin embargo, debe leerse con lupa: el mismo indicador del INDEC revela que 356.000 personas siguen sumidas en la pobreza y casi 50.000 no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Es decir, uno de cada tres mendocinos vive bajo la línea de pobreza, una cifra que si bien muestra mejoría, mantiene a la provincia en una situación socialmente crítica.
Reforma laboral: el costo político y social de la “modernización”
Mientras Milei y Luis Caputo repiten que en Argentina es "necesaria" una reforma laboral, Mendoza ya puso en marcha una y tiene para ofrendar un ejemplo a la Nación. Uno de los ejes más controvertidos de la gestión de Cornejo ha sido precisamente la Ley 9.665, que reformó el Estatuto del Empleado Público —vigente desde 1973—.
El oficialismo mendocino la promociona como una "modernización", pero sindicatos y especialistas la tildan de "reforma laboral encubierta". La norma modifica estabilidad, antigüedad e indemnizaciones, introduce la figura del "agente interino" con menor estabilidad, unifica indemnizaciones, restringe el cómputo de antigüedad y limita las apelaciones en sanciones. El oficialismo mendocino la promociona como una "modernización", pero sindicatos y especialistas la tildan de "reforma laboral encubierta". La norma modifica estabilidad, antigüedad e indemnizaciones, introduce la figura del "agente interino" con menor estabilidad, unifica indemnizaciones, restringe el cómputo de antigüedad y limita las apelaciones en sanciones.
En una provincia con 50,5 empleados públicos cada 1.000 habitantes —según el Censo 2022—, la medida no solo tensa la relación con gremios clave, sino que podría tener un alto costo político. Los gremios ya han anunciado una "catarata de presentaciones judiciales" por lo que consideran una norma "inconstitucional y profundamente lesiva para los derechos adquiridos". Para el Gobierno, sin embargo, la reforma es un símbolo: Mendoza funcionó como laboratorio de lo que La Libertad Avanza pretende aplicar a nivel nacional, en sintonía con la promesa de Milei de una reforma laboral que "va a hacer crecer el empleo".
Gremios protesta Legislatura - Reforma Estatuto (12)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
El mercado laboral: entre la precarización y el estancamiento
Un informe de Epyca Consultores revela un panorama laboral complejo para la provincia. La tasa de desocupación en el Gran Mendoza se ubicó en 6,4% en el segundo trimestre de 2025, con una tasa de empleo de 47,6% y una tasa de actividad de 50,8%. Pero detrás de estas cifras aparentemente estables se esconde un proceso de transformación estructural: la provincia está atravesando lo que los analistas denominan "uberización" del empleo, donde trabajadores que perdieron sus empleos en relación de dependencia pasan a desempeñarse por cuenta propia en plataformas u otras formas de empleo más precario.
Esta precarización laboral se combina con un estancamiento en la creación de empleo privado formal. Según los datos oficiales citados por Epyca, los asalariados registrados del sector privado en el tercer trimestre mostraron una evolución modesta: de 274.375 en 2015 a 280.595 en 2025, un crecimiento casi nulo en una década que refleja la falta de dinamismo de la matriz productiva mendocina.
Este dato puede leerse linkeado con otro: en Mendoza dos de cada diez personas con trabajo buscan otro para sobrevivir.
Conflictividad social
Mientras el oficialismo impulsa su agenda de reformas, la conflictividad social en Mendoza muestra una curva ascendente. La aprobación de la reforma del Estatuto del Empleado Público y el avance del proyecto minero San Jorge en Uspallata han activado un termostato de malestar que el gobierno monitorea de cerca.
Marcha contra Minería San Jorge - Agua_
Luis Vigazzola / ElEditor Mendoza
La previa electoral estuvo marcada, de hecho, por un hecho significativo: la detención de dos manifestantes tras una protesta contra la mina de cobre y oro, un episodio que expone la tensión entre el discurso oficial de atracción de inversiones y la licencia social que se resiste. Esta creciente movilización no solo pone en jaque el proyecto minero bandera de Cornejo, sino que añade otro factor de incertidumbre en un escenario político ya de por sí volátil.
Dependencia de fondos de la Nación
Uno de los puntos ciegos de la gestión mendocina es su alta dependencia de los fondos nacionales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la participación de Mendoza en la coparticipación federal cayó del 1,9333% en 2023 al 1,9211% en 2024, una merma que —aunque pequeña en porcentaje— se traduce en millones de pesos menos para salud, educación e infraestructura. Esta tendencia no es nueva: Mendoza lleva 32 años perdiendo terreno en el reparto de fondos nacionales.
Pero lo más crítico fue la eliminación de las transferencias discrecionales —las "Obligaciones del Tesoro"—, que en 2023 aportaron $5.295 millones a las arcas provinciales y en 2024 simplemente desaparecieron. Esta caída del 8,15% en términos reales deja a Mendoza con menos herramientas para responder a emergencias sociales, climáticas o productivas. El IARAF detalla que las transferencias totales a Mendoza cayeron un 8,15% en términos reales entre 2023 y 2024, una contracción superior al promedio nacional (-10,23%), pero igualmente devastadora para las finanzas provinciales.
Paradójicamente, esta merma en los recursos se da en un contexto de alineamiento casi total con el Gobierno nacional. Cornejo, quien se postuló como garante del plan de Milei en el interior, no ha logrado —al menos hasta ahora— traducir esa sintonía política en mayor financiamiento. Mientras otras ocho jurisdicciones (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa) lograron aumentar su participación en 2024, Mendoza se encuentra entre las que vieron reducir su porción del pastel nacional.
Deuda y vulnerabilidad fiscal
La situación fiscal mendocina presenta otro frente de preocupación. Según el informe de Epyca, la deuda consolidada de Mendoza al 30 de junio de 2025 alcanzó los $932.005 millones, con un salto intertrimestral del 21,9% respecto a marzo. Lo más alarmante: el 73% de esa deuda está nominada en dólares, lo que coloca a la provincia en una posición de alta vulnerabilidad ante variaciones del tipo de cambio y del costo de refinanciamiento.
La evolución histórica muestra un crecimiento exponencial: de $14.590 millones en 2015 a $855.065 millones en 2025, con un pico especialmente fuerte en 2023 ($552.742 millones) que coincide con el regreso de Cornejo al gobierno. Los intereses y gastos de la deuda también han mostrado una tendencia alcista, llegando a $27.397 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa una carga creciente para las ya tensionadas finanzas provinciales.
Elecciones: entre el voto a la gestión y el castigo al aliado
Este 26 de octubre, los mendocinos renovarán diputados nacionales, cargos legislativos provinciales y concejos deliberantes en los departamentos que no desdoblan. Es una elección que Cornejo quiere leer como un respaldo a su gestión, pero que la oposición intentará convertir en un castigo a la alianza con La Libertad Avanza.
El oficialismo radical enfrenta flancos vulnerables: empleo precarizado, baja ejecución de obra pública —solo 30% de lo presupuestado— y una deuda provincial que alcanza los $932.005 millones, con el 73% nominado en dólares. Epyca destaca que "el mendocino es el único sello provincial que logró asociar su nombre en la alianza que integra junto al milésimo mendocino", un detalle que en agosto podía parecer una victoria para Cornejo pero que hoy "es más bien un lastre", señalan.
Mientras, el peronismo mendocino —liderado por Emir Félix— resurge como primera fuerza opositora, capitalizando el desgaste de la imagen nacional de Milei. Las encuestas ya lo posicionan como el principal antagonista de cara a 2027, cuando Cornejo —imposibilitado de reelegirse por la constitución provincial— deba definir su sucesión. El PJ espera un rango de apoyo entre el 25% y 30% para pelear la hegemonía del cornejismo. Por menos de eso, no habrá descorche.
Emir Felix (11)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Más allá de los resultados, la pregunta del millón
¿Sobrevivirá la alianza entre el radicalismo local y La Libertad Avanza después de octubre? Un intrépido candidato rival de Cornejo en estas elecciones le confió a este diario su vaticinio: "los radicales van a traicionar a Milei antes de octubre". Aunque no se cumplió en esos términos, la alianza tambaleó en algunas leyes clave en el Congreso.
Si la elección refleja un retroceso de LLA a nivel nacional, Cornejo —quien mantiene buenos vínculos con varios gobernadores del frente Provincias Unidas— podría reevaluar su coalición. El análisis de Epyca sugiere que "el buen vínculo de Cornejo con varios de los Gobernadores que conformaron a nivel nacional el frente Provincias Unidas plantea dudas sobre la estabilidad de la alianza de Cambia Mendoza con LLA tras las elecciones". En juego no solo está su lugar en la política mendocina, sino también el futuro de un experimento único: la convivencia entre el radicalismo tradicional y el libertarismo mileista.
