Liza Rule y Martín Iglesia fueron capturados tras la marcha contra San Jorge. Los acusaron por "resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado".
Liza Rule y Martín Iglesia fueron capturados tras una marcha contra San Jorge.
Liza Rule y Martín Iglesia fueron liberados este sábado pasadas las 22 tras pasar cerca de 48 horas detenidos tras participar en una movilización contra el Proyecto Minero San Jorge. La Fiscalía los imputó por resistencia a la autoridad, lesiones leves a policías y daños agravados. Organismos de Derechos Humanos, gremios y organizaciones socioambientales denunciaron criminalización de la protesta y violencia institucional.
"No puede pasar lo que pasó en la Legislatura, la Legislatura no es una comisaría, me torturaron en la Legislatura", denunció Iglesia al salir libre en el Polo Judicial. Lisa Rule, a su turno, señaló: "Creen que nos van a dar una lección y nos mandan una pandilla privada a cargo de Rilli y creen que nos vamos a echar atrás y va a ser todo lo contrario. No queremos minería secante, contaminante. No hay licencia social para la minería".
El jueves 23 de octubre, una nueva movilización en defensa del agua en Mendoza terminó con dos detenidos, una imputación judicial y una ola de repudios que se extendió desde las calles hasta los escenarios culturales y los organismos de derechos humanos. Liza Rule y Martín Iglesias fueron arrestados durante la desconcentración de la protesta contra el Proyecto Minero San Jorge, en Uspallata, y recién fueron liberados el sábado por la noche, a pocas horas de las elecciones provinciales.
La fiscal Virginia Rumbo, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, los imputó por “resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por la condición del sujeto pasivo y daño agravado, todo en concurso real”. Según el expediente, ambos habrían agredido a efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) y dañado tres bicicletas policiales. El parte médico menciona escoriaciones y hematomas menores en cuatro agentes.
Pero la versión oficial contrasta con los testimonios de manifestantes y organizaciones sociales, que aseguran que la protesta se desarrollaba de forma pacífica hasta que la Policía bloqueó el paso hacia Plaza Independencia.
“Nos agarraron al azar, nos golpearon. Estoy esposada en un patrullero en el Polo Judicial”, denunció Rule en un audio enviado desde el móvil policial.
Liza es una conocida militante de H.I.J.O.S. Mendoza y también es conocida por protagonizar uno de los momentos épicos de los festejos del Bicentenario. Martín, en tanto, era empleado de la Municipalidad de Maipú.
Las detenciones ocurrieron en un contexto sensible: a solo dos días de los comicios provinciales. “Queremos que salgan hoy porque mañana son las elecciones y tienen derecho a votar. Además fueron apresados en el marco de una acción política, como una movilización en ejercicio constitucional”, sostuvo Maximiliano Villarreal, abogado de Iglesias. Su colega Alfredo Guevara, defensor de Rule, denunció que su clienta intentó presentar una denuncia por violencia institucional, pero el personal policial se negó a recibirla.
La movilización había sido convocada por asambleas socioambientales, vecinos y organizaciones territoriales para rechazar el avance del Proyecto San Jorge, un emprendimiento minero de oro y cobre que no cuenta con licencia ambiental ni social. No es la primera vez que una protesta contra este proyecto termina con detenciones: en agosto, Facundo Gollano fue arrestado por presuntamente dañar una bicicleta policial, en una causa basada únicamente en testimonios de efectivos.
La detención de Rule e Iglesias generó un repudio transversal. Liza es reconocida por su trayectoria artística en la Vendimia y el Teatro San Martín, además de su militancia en H.I.J.O.S. e historia familiar ligada a los derechos humanos. Iglesias, por su parte, fue despedido en abril de la municipalidad de Maipú tras impulsar la creación de un gremio intermunicipal. Su esposa, Ana, denunció una escalada de persecuciones que culminó en su despido.
El viernes, familiares y organizaciones se concentraron frente a la Legislatura para exigir su liberación. La orden llegó recién el sábado por la noche. Pero el conflicto sigue abierto: mientras el Proyecto San Jorge avanza sin licencia ambiental, crecen las voces que denuncian una política sistemática de represión a quienes defienden el agua y el territorio.