“Decir que no se puede hacer minería porque no va a haber controles suficientes, porque no se pudieron controlar efluentes cloacales, cuando se han aplicado sanciones del organismo con competencia en la materia, porque el impacto directo fue en agua de riego, no de cultivo, sino de cultivo de acre, que es muy distinto, con otros valores, es de mucha mala fe”. Con esa frase, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confrontó con vecinos que remarcaron en los últimos días el desastre ambiental en Los Corralitos, Guaymallén, como ejemplo de la falta de controles estatales que puede replicarse en los proyectos de minería que impulsa el oficialismo.
Latorre fue consultada en el inicio de un encuentro de inversores mineros por los derrames cloacales en Los Corralitos, un episodio que ya derivó en la imputación del titular de Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), Humberto Mingorance, y en una multa récord de 120 millones de pesos aplicada por el Departamento General de Irrigación (DGI).
La funcionaria defendió la actuación de los organismos provinciales y cuestionó los intentos de vincular el colapso cloacal con la discusión sobre minería. “Mezclar todo es de mucha mala fe”, insistió, al remarcar que las competencias ambientales están claramente diferenciadas: el agua de riego corresponde al DGI, mientras que la actividad minera se regula bajo otros parámetros.
Embed - CONTAMINACIÓN EN CORRALITOS: "SEPAREMOS LAS COMPETENCIAS"
El conflicto en Los Corralitos
El caso estalló tras denuncias vecinales que alertaron sobre vuelcos clandestinos de efluentes crudos en el canal Pescara. Inspectores de Irrigación constataron que personal de AySAM había roto deliberadamente la pared del canal Ramo 12, recientemente reparado, desviando líquidos cloacales sin tratamiento hacia el cauce agrícola. Los análisis de laboratorio confirmaron la gravedad: presencia de efluente crudo y ausencia total de cloro residual.
La sanción fue inmediata y contundente: 100.000 Unidades Fiscales del Agua, equivalentes a 120 millones de pesos, además de la obligación de reparar la infraestructura en diez días y la radicación de una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente. Para Irrigación, la conducta fue de “gravedad excepcional”, reiterada y dolosa.
Corte por colpaso de cloacas en Corralitos (7)
Postal de una de las protestas en Corralitos por el colapso del Pescara.
Luis Vigazzola / ElEditor Mendoza
La respuesta de AySAM
Lejos de aceptar la sanción, la empresa conducida por Mingorance anunció que recurrirá judicialmente la resolución. “AySAM realizará las acciones legales disponibles para recurrir la sanción impuesta”, señalaron desde su conducción. La postura confrontativa se da en un escenario delicado: además del expediente técnico, avanza una causa penal en el Ministerio Público Fiscal (MPF) que podría golpear directamente a la cúpula política de la firma.
El fiscal Gabriel Blanco, con respaldo del fiscal en jefe Sebastián Capizzi, solicitó la imputación formal de Mingorance por presunta comisión de delitos ambientales. La decisión final quedó en manos del fiscal adjunto en lo Penal de la Procuración General, Gustavo Pirrello, lo que mantiene en vilo a la conducción de la empresa y al propio Gobierno provincial.
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Humberto Mingorance, titular de AYSAM, fue imputado por la justicia provincial.
Un historial de reincidencias
El episodio de mayo de 2026 no es aislado. Desde agosto de 2025, AySAM acumula antecedentes por vuelcos cloacales en la misma zona. Primero fue una multa de más de 9 millones de pesos por descargas no autorizadas en el Pescara; luego, otra sanción de más de 10 millones por un desborde en la vía pública. La reincidencia endureció las sanciones y configuró un patrón de negligencia que hoy se traduce en la multa récord.
Los vecinos padecen derrames desde hace más de un año
Mientras las resoluciones se acumulan en escritorios institucionales, los vecinos de Los Corralitos siguen conviviendo con el hedor y los líquidos fétidos que pasan frente a sus casas. La reiteración de incidentes erosiona la confianza en las autoridades y pone en riesgo la producción agrícola, motor económico de la zona. Anoche, nuevamente, se manifestaron para exigir soluciones y responsabilizaron directamente a Mingorance y a Sergio Marinelli, titular de Irrigación, ambos hombres cercanos al gobernador Alfredo Cornejo.
Una disputa que trasciende lo técnico
La judicialización de la multa bloquea la tregua que el Ejecutivo intentaba tejer para evitar el desgaste político. El caso expone la tensión entre organismos estatales y la empresa prestataria, y revela la dificultad de compatibilizar la gestión de servicios públicos con la protección ambiental.
