- Mario Vadillo criticó la lucha antigranizo y también el Fondo Compensador Agrícola
- Fue muy crítico del cobro que hace el municipio
El granizo en el sur arrasó con la producción agrícola.
Prensa Partido VerdeMario Vadillo cuestionó la eficacia de la lucha antigranizo, el bajo alcance del Fondo Compensador Agrícola y el cobro obligatorio en la boleta de luz, al que calificó como ilegal y regresivo. Advirtió que es “un sistema que no funciona, se cobra igual y se sostiene con un relato que ya no resiste un análisis técnico ni legal serio”.
El presidente del Partido Verde señaló que las críticas al sistema no provienen de sectores políticos, sino de especialistas en la materia. En ese sentido, recordó las observaciones realizadas por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que calificó la operatoria como ineficiente y riesgosa.
“APLA describió prácticas que cualquier manual aeronáutico desaconseja: siembras por delante de las tormentas, operaciones nocturnas cuando la técnica requiere visibilidad, vuelos cerca de núcleos convectivos y personal sin la experiencia adecuada. El resultado es evidente: el granizo cae igual”, sostuvo Vadillo.
Para Vadillo, el esquema actual expone una contradicción difícil de sostener. “En San Rafael el granizo arrasa, la lucha antigranizo falla, el Fondo Compensador paga poco y tarde, pero el cargo en la boleta de luz llega puntual todos los meses”, resumió.
“No es solidaridad productiva ni política pública eficiente. Es un relato sostenido con el bolsillo de los usuarios eléctricos, mientras los productores pierden todo y se les explica que ‘el Estado estuvo ’”, concluyó.
El dirigente agregó que la situación se agrava por denuncias vinculadas al uso de pirotecnia vencida y defectuosa, con fallas de encendido y explosión. “No solo es ineficaz, es un riesgo operativo grave”, remarcó.
Además, advirtió sobre presuntas irregularidades legales en la operatoria aérea. “Según APLA, Aviación San Rafael SAS no contaría con los permisos específicos para realizar vuelos de modificación climática. Para sortear esa limitación, se presentarían planes de vuelo como ‘entrenamiento’, cuando en realidad se utilizan para la supuesta lucha antigranizo. Eso implica vuelos fuera de la ley, seguros comprometidos y responsabilidades civiles y penales latentes”, explicó.
Frente a cada contingencia, el Gobierno provincial presenta el Fondo Compensador Agrícola como respuesta. Sin embargo, Vadillo aseguró que los números oficiales desarman el discurso.
De acuerdo al esquema vigente para la temporada 2025/2026, los montos máximos —solo en caso de daño total— alcanzan hasta $2.000.000 por hectárea para vid y frutales en las coberturas más altas; $800.000 en planes básicos; $180.000 para hortalizas y forrajeras; y $200.000 para contratistas. Estos valores se pagan de manera proporcional al porcentaje de daño determinado por peritaje.
“Ni siquiera con destrucción total se repone la cosecha perdida ni se garantiza la continuidad productiva. Es una compensación mínima, condicionada y tardía, que se vende políticamente como si fuera una solución integral”, afirmó.
Vadillo puso el foco en un aspecto que, según señaló, el discurso oficial omite: el financiamiento del sistema no lo asume toda la provincia. “La lucha antigranizo se paga exclusivamente con un cargo obligatorio en la boleta de luz de los usuarios de San Rafael, por ordenanza municipal ”, indicó.
Ese cargo no depende del consumo, no es voluntario y no distingue entre productores, comercios, jubilados o vecinos urbanos. “Según boletas reales, va de $300 a $1.200 mensuales por medidor, lo que implica hasta $14.000 al año por usuario. No es simbólico: financia un sistema completo que no es eléctrico, no es individualizable y no demuestra resultados”, sostuvo.
El abogado remarcó que el cuestionamiento tiene sustento legal. Citó la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que establece que las facturas de servicios públicos esenciales solo pueden incluir conceptos directamente vinculados al servicio contratado.
“El principio es claro: la factura no es una boleta impositiva. El usuario debe pagar únicamente por lo que consume y recibe. El servicio eléctrico no puede transformarse en un vehículo de recaudación para financiar políticas ajenas”, subrayó Vadillo.
En ese marco, sostuvo que el cargo por lucha antigranizo “colisiona de frente con la normativa nacional”, al tratarse de un concepto obligatorio, no optativo, sin contraprestación directa ni beneficio individualizable.