Distintas organizaciones sociales y feministas de Mendoza expresaron su repudio al hostigamiento policial sufrido por el colectivo Ni Una Menos y denunciaron al Gobierno provincial por prácticas intimidatorias. A su vez, el Plenario de Trabajadoras (PDT) responsabilizó al Estado por los ocho femicidios ocurridos en lo que va de 2025 en la provincia, reclamando medidas urgentes de protección.

Repudio al accionar policial contra Ni Una Menos

Desde la Asamblea por Necesidad y Urgencia se rechazó enérgicamente la presencia de efectivos policiales en el edificio de la Asociación Ecuménica de Cuyo, el martes 2 de septiembre, cuando iba a realizarse una reunión del colectivo Ni Una Menos.

Los agentes tocaron la puerta, solicitaron identificaciones y aseguraron tener una orden para ingresar al lugar. Para la Asamblea, este procedimiento constituye “un grave atropello a los derechos fundamentales y a la libertad de reunión”.

“Responsabilizamos al Gobierno de Mendoza y al Ministerio de Seguridad y Justicia por este hecho, que representa un claro avasallamiento al derecho a la organización social”, denunciaron en el comunicado, donde también advirtieron que estas prácticas “nos recuerdan a las épocas más oscuras de nuestra historia”.

La organización vinculó esta situación con otros casos recientes de criminalización de la protesta en Mendoza: “En este mismo contexto, se mantiene injustamente imputados y bajo libertad condicional a Federico Soria y Mauricio Cornejo, sin pruebas que sustenten las acusaciones. Asimismo, se produjo la detención arbitraria de Facundo Gollano y el despido de César Castillo por manifestarse en el Hospital Central”.

Ocho femicidios en Mendoza: el Estado en el centro de las críticas

Por su parte, el Plenario de Trabajadoras (PDT) – Frente de Izquierda responsabilizó al gobierno de Alfredo Cornejo y al de Javier Milei por la falta de medidas efectivas frente a los femicidios.

En lo que va de 2025, ya son ocho las mujeres asesinadas en la provincia, entre ellas Rocío Collado (31), en San Rafael, y Sandra Sánchez (57), en Guaymallén.

“Señalamos al gobierno de Cornejo y Milei como responsables políticos de cada una de estas muertes. Sus medidas y discursos son incompatibles con el reclamo histórico de las mujeres por una vida libre de violencia”, expresaron desde el PDT.

La organización también cuestionó la política económica y el impacto en las mujeres trabajadoras: “La motosierra, los despidos y el aumento del coste de vida, sumados a los intentos de quitar del Código Penal la figura de femicidio, no hacen más que profundizar la violencia y desproteger a quienes atraviesan situaciones de riesgo”.

Reclamos y propuestas de los movimientos feministas

Entre las medidas urgentes que exigen las organizaciones, se destacan:

• Recomposición salarial e ingresos dignos para mujeres trabajadoras, madres y jefas de hogar.
• Creación de Centros Integrales de contención y asistencia para las víctimas y sus familias.
• Garantías efectivas de protección y prevención frente a la violencia de género.

“El silencio no es opción. El Estado es responsable. Ni una menos, ni una más”, concluyó el comunicado del PDT.