El ministro de Justicia promovió el cambio en la oficina que debe controlar a los funcionarios. Buscaron una funcionaria con alto perfil técnico.
Nueva funcionaria: Gabriela Carmen Zangaro quedó a cargo de la Oficina Anticorrupción.
El gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA). La resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial, selló la salida de Alejandro Melik —quien había presentado su renuncia a mediados de marzo— y abrió paso a una figura con más de tres décadas de experiencia en el ámbito judicial. Entre otras cosas, la nueva funcionaria será la encargada de supervisar los movimientos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La Oficina Anticorrupción es la misma que concluyó que el presidente Javier Milei no cometió faltas a la ley de Ética Pública al promocionar la criptomoneda$LIBRA desde su cuenta personal en X. La resolución, firmada por Alejandro Melik, afirma que el posteo fue una acción privada sin recursos públicos ni vínculos formales con el proyecto, hoy investigado judicialmente.
La decisión se inscribe en la estrategia de reestructuración impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien, según el Gobierno, busca imprimir mayor dinamismo a las políticas de integridad pública y control estatal. En ese marco, la llegada de Zangaro no es un hecho aislado, sino parte de un reordenamiento más amplio de cuadros técnicos que el ministerio viene ejecutando para agilizar los procesos de control interno.
Gabriela Carmen Zangaro es reconocida por su sólida formación y trayectoria. Graduada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994, completó estudios de posgrado en Derecho Penal Tributario y obtuvo un Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador. También cursó un posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA), lo que le otorgó un perfil académico robusto.
Su carrera comenzó en 1989 en la Justicia Nacional, dentro del fuero Penal Económico. En 2003 accedió por concurso público al cargo de jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, integró el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura porteño y se desempeña como docente en la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Su recorrido evidencia un compromiso sostenido con la justicia y el fortalecimiento institucional.
La Oficina Anticorrupción cumple un rol central en la vida institucional del país. Su misión es velar por la ética en el ejercicio de la función pública, diseñar programas de integridad y transparencia, analizar casos de enriquecimiento ilícito y conflictos de intereses, y fiscalizar las declaraciones juradas patrimoniales de los integrantes del Poder Ejecutivo. En un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia, la OA se convierte en un espacio clave para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.
La designación de Zangaro, respaldada por Mahiques, apunta a reforzar la continuidad de los expedientes en curso y a consolidar un perfil técnico y político en la conducción del organismo. Su experiencia en el fuero penal y su conocimiento en materia tributaria podrían resultar decisivos para enfrentar los desafíos que plantea la lucha contra la corrupción en la administración pública.
La salida de Melik y la llegada de Zangaro marcan un nuevo capítulo en la política de control estatal. El gobierno busca mostrar señales de firmeza en la gestión de la transparencia, en momentos en que la sociedad reclama mayor rendición de cuentas. La crónica de este nombramiento refleja, en definitiva, la tensión permanente entre la necesidad de fortalecer las instituciones y la dinámica política que atraviesa al país.
Con la publicación en el Boletín Oficial, la Oficina Anticorrupción inicia una nueva etapa bajo la conducción de una magistrada que combina experiencia, formación y respaldo político. El desafío será transformar esa trayectoria en resultados concretos que fortalezcan la confianza en el Estado y en sus mecanismos de control.