Este martes al mediodía, las comisiones de Poderes, Peticiones y Reglamento junto a Asuntos Constitucionales se reunirán en plenario en la Cámara de Diputados para iniciar el tratamiento de la reforma a la Ley 26.122, que regula el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La fecha límite para emitir dictamen ha sido fijada para el próximo martes 30 de septiembre, en lo que promete ser una semana clave para el equilibrio de poderes en Argentina.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado —donde fue aprobada con 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre—, tensiona la relación entre el Congreso y el presidente Javier Milei. El mandatario libertario anticipó a fines de 2024 que vetará la reforma si logra ser sancionada, calificándola como un intento de “cambiar las reglas del juego”.
Los puntos centrales de la reforma
Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentra la exigencia de que los DNU versen sobre una única materia, lo que busca evitar decretos de alcance masivo como el polémico DNU 70/2023, que modificó más de 300 leyes en un solo acto bajo el argumento de desregular la economía.
Otro cambio significativo es la habilitación para que ambas Cámaras puedan tratar decretos incluso durante el receso parlamentario. Actualmente, solo la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo puede reunirse entre diciembre y febrero, pero la reforma permitiría abrir los recintos diez días hábiles después del ingreso de un DNU.
Blindaje legislativo en las Cámaras
Además, se propone un nuevo blindaje legislativo: los decretos se considerarían aprobados si ambas Cámaras se pronuncian por mayoría absoluta de los presentes dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Este mecanismo ya fue aplicado al DNU 179/2025, que avaló el nuevo acuerdo con el FMI con el solo respaldo de Diputados.
Finalmente, el proyecto establece que el rechazo por parte de una sola Cámara implicaría la derogación total del decreto, impidiendo al Ejecutivo dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. También se contempla que la falta de tratamiento en los primeros 90 días equivalga a su caída automática. Finalmente, el proyecto establece que el rechazo por parte de una sola Cámara implicaría la derogación total del decreto, impidiendo al Ejecutivo dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. También se contempla que la falta de tratamiento en los primeros 90 días equivalga a su caída automática.
Un debate que redefine el poder presidencial
Con la legislación vigente, un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan. El antecedente más reciente es el DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero aún espera tratamiento en Diputados.
La reforma a la Ley 26.122 no solo busca limitar el alcance de los decretos presidenciales, sino también fortalecer el rol del Congreso en el control de los actos del Ejecutivo. En un contexto de alta polarización política, el debate promete ser intenso y cargado de implicancias institucionales.