Tras el contundente rechazo de los vetos de Milei a leyes sensibles, Diputados tratará el proyecto que modifica la vigencia de los DNU.
Luis Petri, Pamela Verasay y Alfredo Cornejo en la foto que publicitó el gobernador tras el cierre de listas.
X Alfredo Cornejo Pamela Verasay es candidata en segundo lugar por la lista de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados se preparan para avanzar con una ofensiva legislativa que podría limitar seriamente el margen de acción del presidente Javier Milei. El eje de la disputa gira en torno al proyecto que modifica la ley 26.122, encargada de regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta constitucional que el Poder Ejecutivo ha utilizado con frecuencia desde el inicio de su gestión.
Otra vez se pondrá en escena la pulseada que enfrenta Alfredo Cornejo en su intento de pagar el menor costo político por su alianza electoral con Javier Milei. Pamela Verasay y Lisandro Nieri otra vez serán piezas de la negociación con la Nación. La semana pasada quedó demostrada la disciplina de Cornejo frente a Milei: los dos legisladores mendocinos se ausentaron en el quorum de la Ley de Financiamiento Universitario, después votaron a favor, y después de eso le dieron la espalda al Hospital Garrahan.
Tras una serie de reveses parlamentarios sufridos por el oficialismo en los últimos dos meses, el conglomerado opositor —integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica— decidió acelerar el tratamiento de esta reforma que ya cuenta con media sanción del Senado. El martes próximo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatirán el proyecto, con la intención de emitir dictamen el día 30 y convocar a una sesión especial para el 1 o el 8 de octubre.
En La Libertad Avanza reconocen que este proyecto es el principal foco de preocupación para el oficialismo, que ve amenazada una de sus herramientas más eficaces para implementar reformas sin pasar por el trámite legislativo ordinario. En ese contexto, la oposición también planea incluir en la sesión especial otros temas sensibles para el Ejecutivo, como el rechazo al veto sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la derogación de decretos relacionados con identidad de género y el estatuto de la Policía Federal, y los cambios en el impuesto a los combustibles impulsados por los gobernadores.
El uso de los DNU ha sido objeto de debate desde su incorporación a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. La Carta Magna establece que sólo pueden utilizarse en casos de emergencia y circunstancias excepcionales que impidan el procedimiento legislativo habitual, y prohíbe su aplicación en materias tributarias, penales y electorales. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han interpretado con flexibilidad estos límites.
En lo que va de su mandato, Milei ha emitido 64 DNU, lo que equivale a un promedio de 36,2 por año. Uno de ellos incluyó modificaciones en más de 300 leyes, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición. En comparación, Néstor Kirchner dictó 236 DNU en cuatro años y medio (52,4 por año), Alberto Fernández firmó 178 durante su gestión (44,5 por año), mientras que Cristina Fernández y Mauricio Macri utilizaron esta herramienta con menor frecuencia: 78 y 70 respectivamente, en ocho y cuatro años de gobierno.
La discusión sobre los DNU no sólo pone en juego el equilibrio de poderes, sino también la capacidad del Ejecutivo para gobernar en un contexto de fragmentación parlamentaria. El avance del proyecto opositor podría marcar un punto de inflexión en la dinámica institucional, obligando al Gobierno a negociar más activamente con el Congreso y a moderar el uso de decretos como vía de implementación de políticas públicas.