La Iglesia Católica emitió un documento por el aniversario del Golpe con un fuerte pronunciamiento contra la violencia política.
El Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, encabeza la Conferencia Episcopal Argentina, máximo órgano de la Iglesia Católica.
En vísperas del cincuentenario del Golpe militar del 24 de marzo de 1976, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió un documento de fuerte contenido político y social. Bajo el título “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, a través de los obispos reunidos en Buenos Aires, la Iglesia Católica trazó un mensaje que combina memoria histórica con advertencias sobre los desafíos actuales del país.
El texto, elaborado por la Comisión Permanente del Episcopado, recuerda aquel 24 de Marzo como “el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años”. La jerarquía eclesiástica, encabezada por el arzobispo mendocino Marcelo Colombo y el cardenal cordobés Ángel Rossi, subraya que la memoria exige una autocrítica tanto de la sociedad como de la propia Iglesia, con el objetivo de reconstruir la fraternidad entre los argentinos.
A lo largo de tres páginas, los obispos insisten en que “mutilar la historia abre la puerta a repetir los mismos errores”, y que recordar el horror del terrorismo de Estado fortalece la conciencia colectiva frente a cualquier tentación autoritaria. En ese sentido, evocan las palabras del papa Francisco en Fratelli Tutti: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”.
El documento también se proyecta hacia el presente. Los obispos advierten sobre el riesgo de una democracia que excluye a los más vulnerables y denuncian la “tendencia creciente de autoritarismo” y los populismos que explotan la angustia social. Frente a ello, proponen rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y cuide el medio ambiente.
Uno de los apartados más significativos del documento episcopal se centra en la cuestión ambiental. Los obispos sostienen que es necesario “rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable”.
El texto vincula la defensa del medio ambiente con la construcción de la amistad social, señalando que solo un diálogo sincero y desinteresado entre las diversas culturas —popular, universitaria, juvenil, artística, tecnológica, económica y familiar— puede garantizar un crecimiento armónico del país. Para la Iglesia, este diálogo cultural no puede dejar de ser político y social, porque de él depende la posibilidad de un desarrollo sostenible y justo.
En medio del debate por la reforma de la ley de glaciares, la postura episcopal reafirma su oposición a cualquier iniciativa que debilite la protección de los bienes naturales, subrayando que la preservación del agua y del aire es inseparable de la justicia social y de la democracia.
En un tono que busca interpelar a la dirigencia política, el Episcopado sostiene que la mejor política de seguridad es la que garantiza trabajo digno y educación de calidad. Y rechaza la naturalización de la violencia, desde las redes sociales hasta el Congreso, llamando a “volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles”.
Los obispos recuerdan que la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera, cuando no protege a niñas, niños y adolescentes de la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas, o cuando es indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro del trabajo digno. Para ellos, el desarrollo humano integral es hoy “el nuevo nombre de los derechos humanos”.
El documento episcopal pide “renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción”. Los obispos advierten que no se puede naturalizar la violencia en las redes sociales, en los barrios ni en el Congreso de la Nación. “¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor!”, exclaman en uno de los pasajes más enfáticos.
La Conferencia Episcopal Argentina ya se había pronunciado en contra de la iniciativa legislativa que bajó la edad de punibilidad de los menores acusados de delitos violentos, y ahora vuelve a insistir en que la verdadera seguridad se construye con inclusión social y oportunidades.
El cierre del documento es un llamado a la esperanza activa: construir un proyecto estratégico de desarrollo que privilegie a los más vulnerables —niños y ancianos— y que abra un horizonte de paz social y prosperidad. Los obispos proponen un camino de diálogo, amistad social y justicia, convencidos de que la memoria del terrorismo de Estado debe conducir hacia una vida democrática más justa.
A cincuenta años del inicio de la dictadura más sangrienta de Argentina, la Iglesia Católica argentina se suma así a las voces que reclaman memoria, justicia, democracia y cuidado de la creación como pilares para el futuro.