En una resolución inédita para su línea política, el Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios. Lo hizo al revocar el protocolo minero firmado por Alfredo Cornejo y Javier Milei, que habilitaba proyectos extractivos sin participación de las comunidades asentadas en los territorios. La Resolución 139-EyA, emitida por el Ministerio de Energía y Ambiente, admite el reclamo presentado por Gabriel Jofré, werken de la comunidad LOF El Sosneado y autoridad del Kume Feleal de la Organización Identidad Territorial Malalweche. Ahora las comunidades exigen que antes de avanzar en cualquier proyecto minero se consulte también a miembros de comunidades Huarpes y Coyas.
La medida implica la paralización inmediata del proyecto “Merlot-Syrah”, impulsado por la empresa Nueva Gran Victoria S.A. en el Distrito Minero 1 de Malargüe. El emprendimiento contemplaba la prospección y exploración de dos minas de cobre y oro diseminado en la zona de Las Vegas, Butamallin, territorio ancestral mapuche.
El viernes 5 de septiembre, en Malargüe, se concretó la primera Audiencia Conciliatoria entre autoridades provinciales y representantes de Malalweche. Como resultado, se conformó una Mesa de Diálogo Intercultural que revisará el protocolo impugnado y sus fundamentos jurídicos. El acta firmada fue incorporada al expediente EX-2025-03311335-GDEMZA-CCC, iniciado por Jofré.
Desde Malalweche, se plantearon demandas estructurales que exceden el caso puntual. “La necesidad de dar un marco de aplicación integral de la Consulta Libre, Previa e Informada y del Consentimiento Libre, Previo e Informado”, fue uno de los ejes centrales, junto al pedido de que el procedimiento se realice “en conjunto con otros pueblos originarios preexistentes en Mendoza tales como el Pueblo Huarpe y el Pueblo Coya”.
También se exigió adecuar la normativa provincial al Convenio 169 de la OIT y a la ley nacional 24.071, en el marco del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. “Es necesario ajustar los estándares normativos provinciales con una Ley provincial de Consulta Previa”, señalaron.
Inaplicabilidad del protocolo
La organización mapuche advirtió sobre la “inaplicabilidad del Protocolo en sus aspectos restrictivos”, como la definición arbitraria de qué comunidades pueden ser consultadas. “La personería jurídica es un derecho que solicitan las comunidades y su carácter declarativo y preexistente es el fundamento por el cual deben ser identificadas para realizar el proceso de Consulta Previa”, afirmaron.
Se reafirmó el carácter representativo de Malalweche, reconocida por pu lof del sur mendocino, y se propuso que la próxima audiencia se realice “en un territorio comunitario cercano a la ciudad de Malargüe como modo de respuesta a la demanda de la Interculturalidad”.
Además, se solicitó ampliar la participación estatal: “Se pidió la presencia del Ministerio de Gobierno, quien ha quedado como responsable según convenio firmado con el INAI, también solicitar la presencia del INAI, así como de representantes de los Municipios de Malargüe y San Rafael”.
El comunicado concluye con una apuesta al diálogo desde la cosmovisión mapuche: “Sabemos que los diálogos con el Estado siempre están cargados de complejidades y tensiones, apostamos una vez más a la ‘Buena Fe’ como principio básico del Diálogo Intercultural. Esta característica diplomática cultural ha sido una habilidad heredada de nuestros mayores Kuifikecheyem”.
Lo que pidieron al Gobierno
Durante la audiencia, las comunidades mapuche plantearon puntos clave:
- La necesidad de aplicar de forma integral el derecho a la Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado, en conjunto con otros pueblos originarios como el Huarpe y el Coya.
- La exigencia de una ley provincial que adecúe los estándares normativos al Convenio 169 de la OIT y a la ley nacional 24.071, en el marco del artículo 75 inciso 17 de la Constitución.
- La crítica a los aspectos restrictivos del protocolo, que limitaban qué comunidades podían ser consultadas y subordinaban su reconocimiento a la personería jurídica.
- El respeto al carácter representativo de la Organización Identidad Territorial Malalweche, reconocida por pu lof del sur mendocino.
- La propuesta de realizar la próxima audiencia en territorio comunitario, cerca de Malargüe, como gesto de interculturalidad.
- La solicitud de ampliar la participación estatal, incluyendo al Ministerio de Gobierno, al INAI y a los municipios de Malargüe y San Rafael.
