La CGT denunció que el Gobierno y la justicia intercambiaron "favores" para poner en vigencia la reforma laboral.
Postal de la protesta gremial en el nudo vial contra la reforma laboral encarada por Javier Milei.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEl jueves pasado, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar una decisión previa del juez de Primera Instancia Raúl Ojeda. Con ese fallo, otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación del Estado Nacional y permitió que la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno volviera a tener vigencia. La medida generó un inmediato rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había logrado frenar la aplicación de la ley mediante una cautelar.
En reacción, la CGT presentó un escrito ante la Cámara para recusar con causa a los dos jueces que dictaron la resolución: Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El documento acusa a los magistrados de haber actuado sin competencia y con “manifiesta parcialidad”. Además, denuncia un presunto “intercambio de favores” entre el Poder Ejecutivo y los camaristas, lo que, según la central obrera, compromete la independencia judicial.
El punto más explosivo del planteo se centra en el juez Víctor Arturo Pesino. La CGT sostiene que el magistrado se encuentra alcanzado por el artículo 17, inciso 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prevé la recusación cuando un juez recibe un beneficio de importancia de alguna de las partes. El escrito cita como ejemplo que un magistrado se excusó en otra causa por sentir “profunda gratitud” hacia una de las partes involucradas.
La acusación se apoya en un dato concreto: el Boletín Oficial del viernes 24 de abril publicó la solicitud de Pesino para ser mantenido en su cargo más allá de los 75 años, trámite que depende del Poder Ejecutivo y del Senado. Para la CGT, la coincidencia temporal entre el fallo y la gestión oficial configura un “cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”.
El escrito gremial cita notas de Perfil, La Nación y Diario Popular que reflejaron la rapidez con la que el Gobierno impulsó el trámite de Pesino apenas horas después de su voto favorable. También menciona la denuncia pública de la diputada Myriam Bregman (FIT), quien habló en redes sociales de una “sospecha de corrupción descarada”.
La CGT no solo cuestiona a Pesino, sino también a la vocal María Dora González. Ambos son acusados de prejuzgamiento, amparándose en el artículo 17, inciso 7 del CPCCN. El sindicato critica que los jueces hayan considerado “prima facie” que no están en juego sectores socialmente vulnerables, cuando la propia Sala VIII había sostenido lo contrario en causas anteriores.
“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley”, afirma el escrito. La central obrera subraya que los derechos laborales son de “naturaleza alimentaria” y que debió aplicarse la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado (26.854).
Otro eje central del planteo es la nulidad absoluta de la resolución por falta de jurisdicción. Según la CGT, por el principio de prevención la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. El gremio denuncia que la Sala actuó con “premura” y sin dar traslado de la queja al Estado Nacional, lo que vulnera el derecho de defensa en juicio.
Por ello, solicita que las actuaciones se remitan a la Sala I para que resuelva la nulidad. En subsidio, interpone un recurso de reposición para dejar sin efecto el fallo.
En lo sustancial, la CGT argumenta que la vigencia de la ley 27.802 de Reforma Laboral causaría un daño irreparable al cercenar derechos adquiridos de protección constitucional, como la irrenunciabilidad de derechos, los montos indemnizatorios y el derecho de huelga. “No basta con que los jueces digan mecánicamente que el caso no se halla en las excepciones”, advierte el escrito, alertando que de aceptarse la tesis de la Sala VIII “desaparecería el carácter asegurador de las medidas cautelares”.
Finalmente, la CGT reiteró el planteo del caso federal, habilitando la vía para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, anunció que llevará el conflicto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando respaldo internacional frente a lo que considera una vulneración de derechos fundamentales.
La disputa entre la central obrera y la Justicia laboral abre un nuevo capítulo en la batalla por la Reforma impulsada por el Gobierno. Mientras la Sala VIII sostiene la vigencia de la norma, la CGT redobla su ofensiva con acusaciones de parcialidad y corrupción. El desenlace, que podría llegar hasta la Corte Suprema y organismos internacionales, marcará no solo el futuro de la ley, sino también el delicado equilibrio entre poderes en un momento de alta tensión política y social.