Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares la batalla se traslada a la arena judicial. Una catarata de amparos pre y post aprobación de la norma es el escenario ara el que se preparan las grandes corporaciones mineras, tal como lo anticiparon en el Andean Capital Forum, realizado esta semana en Mendoza. Entre los asistentes —CEOs de multinacionales y fondos de inversión reticentes a "enterrar los dólares" en Argentina— se planteó explícitamente que se vendrán más medidas judiciales contra la reforma. Saúl Feilbogen, abogado y experto en Derecho Corporativo y Mercado de Capitales, intentó llevar tranquilidad a u auditorio de potenciales inversores ante el proceso que, según sus palabras, "está transcurriendo y vamos a ver todavía muchos capítulos hacia adelante".
La ofensiva en los tribunales: recursos de amparo de primera generación
Desde que la madrugada del 9 de abril se sancionó la reforma en Diputados, el Poder Judicial se convirtió en el segundo frente de batalla. Feilbogen trazó un mapa de lo que llamó "amparos de primera generación": aquellas presentaciones que se oponen a la ley por considerarla inconstitucional. Entre ellas, destacó la del Gobierno de La Pampa y el "amparo global colectivo" de organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
"Ellos están recolectando adhesiones, dicen tener ya más de 800.000 personas que se adhirieron y presentarán ese amparo en algún momento", advirtió el abogado sobre esta última organización. Sin embargo, su mensaje a los inversores fue de resistencia: recordó que ya hubo rechazos judiciales contra las impugnaciones a la audiencia pública en la que se anotaron más de 100 mil personas y sólo se habilitó dos días de exposición, dejando miles de intervenciones en un plano de participación sin visibilidad. Para Feilbogen, esta primera oleada buscó frenar la ley "en bloque", antes incluso de que empiece a aplicarse.
La Pampa y la vieja disputa por el agua con Mendoza
El Gobierno de La Pampa, acompañado por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó una acción de amparo colectivo ambiental contra la reforma de la Ley de Glaciares N° 26.639. La demanda, patrocinada por la fiscal de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que la norma sancionada por el Congreso vulnera derechos constitucionales vinculados al ambiente y al acceso al agua. Uno de los ejes de la demanda es la vieja disputa que la vecina provincia mantiene con Mendoza por el caudal del río Atuel y por el manejo del Colorado, que implicó una causa contra la construcción de la mega represa Portezuelo del Viento.
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La Pampa judicializó la Ley de Glaciares con una acción de amparo colectivo.
Los amparos de segunda generación
Para el sector minero, indicó el experto, la clave de la supervivencia está en la funcionalidad. La nueva ley permite minar en áreas que no actúen como reserva hídrica. Pero la clave es que cada provincia, según las necesidades de las mineras, va a determinar si tienen relevancia hídrica. Feilbogen fue tajante: "La necesidad surge ahora en definir en forma objetiva, clara y científica ¿Qué significa actuar como reserva estratégica de recursos hídricos?". Aquí el IANIGLA ya no será la voz determinante, sino que las provincias tendrán una injerencia superior.
El abogado anticipó que, con la reglamentación la norma, vendrán los amparos de segunda generación. Según explicó, estos "van a incorporar los nuevos argumentos que traiga la reglamentación... que puede crear, aclarar, brindar definiciones y clasificaciones para que se pueda aplicar la ley". Esta ambigüedad técnica es el campo de batalla donde las mineras intentarán perforar el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión ambiental. Para Feilbogen, no hay retroceso: "La protección se mantiene... lo que hay es un criterio de funcionalidad para permitir en algunos casos la posibilidad de la actividad minera".
Dumping ambiental
Uno de los puntos clave de su intervención fue la defensa de la autonomía provincial frente a las críticas por el posible "dumping ambiental". "Yo recorro las provincias hace muchos años, soy provinciano... pensar que una provincia simplemente para traer inversiones va a ser suave en los controles es un menosprecio", sentenció.
Según el abogado, la capacidad técnica in situ es superior a cualquier organismo nacional: "Las provincias son las que definen en coordinación con el IANIGLA... la provincia le puede decir al instituto: 'hay nuevas geoformas que no han sido listadas' o comunicarle que 'hay ciertas geoformas del inventario que pueden ser removidas porque no cumplen con la función'".
La cautela y los "Derechos Adquiridos"
Ante la preocupación de los inversores de que las medidas cautelares que frenen los proyectos, Feilbogen intentó bajar el tono de alarma: "El amparo es una medida excepcional... se recurre cuando se necesita en forma urgente proteger contra un daño actual o inminente". Según su visión, no hay argumentos para suspender la ley hoy: "Esta situación, a mi criterio, no se presenta todavía como para considerar que el juez va a suspender los efectos de una ley".
Para rematar la confianza del foro, citó el avance del proyecto Piuquenes (PSEQTA) y su acuerdo con la mendocina Distrocuyo para una línea de alta tensión: "Entendemos que va a ser no solamente esencial para el desarrollo de la mina actual y potencialmente futura... sino también para la comunidad y toda la alta montaña un refuerzo y estabilización". Con 12.000 metros de perforaciones en marcha, el mensaje final fue claro: mientras la justicia discute principios, las máquinas ya están operando para consolidar.
Escenario: la batalla legal
De la intervención del abogado y lo que se habló en varias de las ponencias del Andean Capital Forum se puede elaborar un esquema de la batalla legal que se viene por la Ley de Glaciares.
1. Los argumentos de Inconstitucionalidad (el "qué")
Los principios jurídicos que se usarán para intentar derribar la ley:
- Principio de no regresión: es el corazón de la batalla que darán organizacionesy abogados ambientalistas. El argumento es que no se puede bajar el estándar de protección ya alcanzado por la ley anterior.
- Principio precautorio: se apelará a que, ante la duda científica sobre si una geoforma es reserva hídrica o no, debe prevalecer la protección.
- Glaciares como "Sujeto de Derecho": este elemento es novedoso y es la estrategia de la Asociación Americana de Juristas para cambiar el paradigma jurídico de "objeto de protección" a "sujeto con derechos propios".
2. El conflicto de competencias (el "quién")
Establece la pugna entre Nación y Provincias:
- La ley devuelve a las provincias (Art. 124 CN) la facultad de definir qué se protege basándose en la funcionalidad.
- La contraparte (ambientalistas y provincias como La Pampa) argumentan que esto rompe el "piso mínimo" nacional, creando un "feudalismo administrativo" donde cada provincia decide qué es glaciar y qué no.
3. La estrategia procesal (El "cómo" y "cuándo")
- Amparos de primera generación: Los actuales, que atacan la ley de forma directa por su contenido general (como el de La Pampa o el de Greenpeace).
- Amparos de segunda generación: Los que vendrán tras la reglamentación de la ley. Esta es una pieza clave: si la reglamentación es la que define técnicamente qué es "reserva hídrica estratégica", será el nuevo blanco de los abogados ambientalistas.
4. El factor técnico-científico (el "vacío")
El punto más débil de la nueva norma es la falta de una definición objetiva de "reserva estratégica de recursos hídricos". Esta ambigüedad es la que permitirá que la batalla legal se traslade al campo de los peritajes científicos, donde el IANIGLA y las universidades tendrán un rol de testigos clave.
