Un bloque de organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y referentes académicos presentó ante el Poder Judicial de Mendoza una acción de amparo colectivo ambiental. El escrito solicita la inconstitucionalidad de la Ley 9684 y la suspensión inmediata de sus efectos.
Hay otros recursos de amparo que se presentarían antes de la medianoche de este viernes, pudo saber ElEditor Mendoza.
Los actores de la demanda
La presentación judicial reúne a un abanico diverso de actores sociales y comunitarios. Encabeza la acción la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), representada por su director ejecutivo, Andrés María Nápoli, quien en el escrito recuerda que la ONG “es una fundación inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación (…) cuyos objetivos estatutarios no tienen limitación territorial”.
A la FARN se suman la Asociación Civil de Uspallata “El Suri”, vecinos autoconvocados de San Carlos, Tunuyán, General Alvear y Guaymallén, además de referentes académicos como Marcelo Giraud, profesor asociado de Geografía en la UNCuyo. El escrito subraya que todos ellos actúan “por su propio derecho, habitantes de diferentes departamentos de la provincia de Mendoza”, configurando así la legitimación prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El objeto del amparo
El texto judicial es contundente: “Venimos a promover ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO AMBIENTAL, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, contra la Ley Provincial N.º 9684, en cuanto aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero ‘PSJ – Cobre Mendocino’, solicitando que V.S. declare su inconstitucionalidad”.
Los fundamentos se apoyan en tres ejes principales:
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Deficiencia en la evaluación ambiental: la DIA aprobada por la Legislatura es calificada como “condicionada, incompleta y sustentada en estudios esenciales diferidos”.
Violación de principios preventivo y precautorio: se denuncia que la norma “habilita el avance de un emprendimiento minero metalífero sobre la base de una Declaración de Impacto Ambiental (…) incompatible con los principios preventivo y precautorio que rigen el derecho ambiental”.
Afectación de derechos colectivos: el escrito enumera una larga lista de garantías constitucionales y convencionales en riesgo, entre ellas el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la participación ciudadana y a los derechos de las generaciones futuras.
Que pretende el amparo
El escrito judicial presentado por FARN, la Asociación Civil “El Suri” y vecinos autoconvocados de distintos departamentos de Mendoza pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 9684, que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge – Cobre Mendocino, por considerar que habilita una explotación con estudios incompletos y diferidos, violando los principios preventivo y precautorio del derecho ambiental.
La acción de amparo colectivo busca que se suspenda la eficacia de la norma y se restablezca la plena vigencia del derecho a un ambiente sano, al agua y a la participación ciudadana, señalando que basta la amenaza actual o inminente de daño ambiental para justificar la intervención judicial urgente.
Los ejes principales del escrito
En la demanda se leen elocuentes párrafos que le dan fuerza a la argumentación. Entre ellas:
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“La ley impugnada no constituye una norma abstracta ni general desvinculada de efectos concretos, sino que aprueba y consolida un acto administrativo ambiental específico, vigente y operativo, que habilita el avance de un emprendimiento minero metalífero”.
“Se solicita la tutela judicial urgente y efectiva prevista por el artículo 43 de la Constitución Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N.º 9684, se haga cesar su eficacia jurídica y se restablezca la plena vigencia del derecho colectivo a un ambiente sano y equilibrado”.
“En materia ambiental la legitimación no exige acreditar un perjuicio patrimonial individual ni un daño consumado, ya que basta la amenaza actual o inminente derivada de un acto estatal concreto que habilita una actividad riesgosa”.
Urgencia y habilitación de feria
La presentación se realizó en plena feria judicial de fin de año, lo que obligó a solicitar la habilitación de días inhábiles. El escrito enfatiza: “Venimos a solicitar se ordene la habilitación de días inhábiles de la feria judicial del mes de enero de 2026 debido a la necesidad de acceder en forma rápida e inminente a la justicia para el tratamiento efectivo de la medida cautelar”.
El argumento es claro: la urgencia de evitar un “perjuicio irreparable” a los derechos colectivos justifica que el expediente sea tratado de inmediato.
Jurisprudencia y precedentes
La demanda se apoya en una sólida base jurisprudencial. Se citan precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como “Mendoza” (2006), “Majul” (2019), “Kersich” (2014) y “Salas” (2008), todos ellos vinculados a la protección del ambiente y la legitimación amplia de asociaciones y vecinos. También se invoca la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como presupuesto indispensable para otros derechos humanos.
Contexto político y social: la megaminería en foco
La aprobación legislativa del proyecto San Jorge había sido presentada por el Gobierno provincial como un triunfo político y, en el futuro, económico. Sin embargo, la reacción social fue inmediata. Asambleas por el agua, organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados denunciaron que la norma “vacía de contenido el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información ambiental” y multiplicaron las protestas en calles, plazas departamentales y rutas.
El hecho de que apenas dos semanas después de la sanción legislativa se presentara un amparo colectivo refleja la alta conflictividad social y territorial que rodea al proyecto.
La aprobación del Proyecto San Jorge reveló un escenario de choque frontal entre la política provincial y la sociedad civil organizada. El oficialismo buscó instalarlo como símbolo de desarrollo pero ahora enfrentará un proceso judicial que cuestiona su legalidad y su legitimidad con un amparo que promete no ser el único.
La acción de amparo marca el inicio de una batalla judicial que podría extenderse durante meses, pero que ya deja una señal clara: el proyecto minero San Jorge comienza a cosechar rechazos judiciales apenas dos semanas después de su aprobación legislativa.
En palabras del escrito: “La presente acción persigue la tutela urgente y preventiva de un bien colectivo indivisible, frente a una autorización ambiental concreta que produce efectos inmediatos y proyecta una amenaza cierta sobre el ambiente”.
