Sigue la pelea entre San Rafael y Alvear por el gasoducto
Familias de San Rafael y General Alvear quedaron en el medio de una disputa entre las municipalidades
Familias de San Rafael y General Alvear quedaron en el medio de una disputa entre las municipalidades
Sigue la pelea entre San Rafael y Alvear por el gasoducto
Sigue la pelea entre San Rafael y Alvear por el gasoducto
La disputa por el control, el financiamiento y el uso del Gasoducto de San Rafael sumó un nuevo capítulo político. El conflicto entre los municipios de San Rafael y General Alvear volvió a escalar luego de que el senador provincial Mauricio Sat, cercano al intendente Omar Félix, reclamara públicamente que el municipio alvearense pague una parte de la obra.
"Es importante que Molero pague a los sanrafaelinos lo que nos debe por esta obra", sostuvo el legislador.
Las declaraciones provocaron una rápida reacción del intendente de General Alvear, Alejandro Molero, quien respondió con el envío de una carta documento para exigir una retractación por considerar que las afirmaciones son falsas y afectan la posición institucional del municipio.
El enfrentamiento se produce mientras continúa sin resolverse la discusión sobre quién tiene derecho a utilizar la capacidad adicional generada por el gasoducto, una infraestructura que, en el mediano plazo, permitirá incorporar entre 12.000 y 15.000 familias al servicio de gas natural.
El origen del conflicto se remonta a la etapa final de construcción del gasoducto.
La obra, impulsada durante la gestión del entonces intendente Emir Félix, quedó paralizada en 2023 cuando el Gobierno nacional dejó de enviar los fondos comprometidos para finalizar los trabajos.
Frente a esa situación, la Municipalidad de San Rafael inició acciones judiciales para reclamar los recursos pendientes y, mientras avanzaban las negociaciones con la Nación, decidió aportar fondos propios para completar la obra.
Según la comuna sanrafaelina, la inversión municipal alcanzó los 4.700 millones de pesos, motivo por el cual considera que adquirió un derecho preferencial sobre la capacidad que generó el nuevo gasoducto.
Antes de la inauguración, el intendente Omar Félix solicitó a la Municipalidad de General Alvear un aporte cercano a los 1.100 millones de pesos para afrontar el costo final del proyecto. La respuesta fue negativa.
Desde General Alvear sostuvieron que se trataba de una obra financiada por el Estado nacional y que nunca existió un compromiso formal para que los municipios realizaran aportes económicos.
A partir de esa diferencia comenzó una disputa que, con el paso de las semanas, fue trasladándose al plano administrativo y político.
Una vez inaugurado el gasoducto, la controversia dejó de centrarse únicamente en el financiamiento y pasó al uso de la nueva infraestructura.
General Alvear solicitó a la Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas) las factibilidades necesarias para habilitar nuevas conexiones utilizando la capacidad adicional del gasoducto.
Sin embargo, San Rafael acudió al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) para reclamar que esas autorizaciones no fueran otorgadas sin su intervención.
En una primera instancia, el organismo regulador respaldó esa postura mediante una nota enviada a Ecogas el 18 de junio, en la que pidió suspender el otorgamiento de nuevas factibilidades.
Posteriormente, el Enrege modificó ese criterio mediante otra resolución que levantó esa suspensión y permitió continuar con el proceso administrativo para nuevas conexiones.
Mientras General Alvear mantiene su postura de que no debe pagar por una obra nacional, San Rafael insiste en que busca recuperar parte de los recursos públicos invertidos por los contribuyentes del departamento.
Desde el oficialismo sanrafaelino incluso dejaron abierta la posibilidad de acordar un mecanismo de compensación o un plan de pagos, aunque advirtieron que, si no se alcanza una solución, no descartan volver a la Justicia para defender los derechos que consideran adquiridos sobre la capacidad del gasoducto.
Con ese escenario, la obra que permitirá ampliar el acceso al gas natural para miles de familias del sur mendocino continúa siendo también el centro de una de las disputas políticas e institucionales más importantes entre dos municipios de la provincia.