Además de las críticas de vecinos y asambleístas, el proceso de participación pública en torno al proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino”, presentado por la empresa Minera San Jorge S.A., también detonó una tormenta política en Mendoza. Desde distintos sectores del PJ surgieron duras críticas al mecanismo de la audiencia pública, que el Gobierno emplazó en el medio de la montaña.

Por el lado del kirchnerismo las críticas llegaron a través de la diputada Valentina Morán, quien presentó un proyecto en el que afirma que se están aplicando “barreras” en la antesala de la audiencia pública convocada por la autoridad minera de Mendoza.

En tanto que el bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, encabezado por la diputada Gabriela Lizana, planteó también cuestionamientos por la accesibilidad de la audiencia.

Aunque con argumentos complementarios, ambas posturas coinciden en que el proceso viola principios de transparencia, accesibilidad y participación ciudadana.

El lugar elegido por el Gobierno ¿carece de neutralidad?

La audiencia fue anunciada para el 2 de agosto en coordenadas que indican "las inmediaciones del proyecto", sin dirección física, aunque con coordenadas GPS.

Morán presentó un proyecto en el que afirma que se están aplicando “barreras” en la antesala de la audiencia pública convocada por la autoridad minera de Mendoza.

Dijo que la locación equivale a realizar el encuentro en un territorio controlado por la propia empresa minera, lo que representa una amenaza al carácter independiente que debe tener cualquier instancia de participación ambiental.

“La elección del lugar presencial, sin accesibilidad real para la población en general, constituye una serie de barreras concretas para el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, tal como lo reconocen el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566). Estas condiciones no solo desalientan la participación activa de las comunidades y la ciudadanía en general, sino que atentan contra principios esenciales de transparencia, acceso a la información pública y justicia ambienta”, señala el proyecto impulsado por la legisladora. “La elección del lugar presencial, sin accesibilidad real para la población en general, constituye una serie de barreras concretas para el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, tal como lo reconocen el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566). Estas condiciones no solo desalientan la participación activa de las comunidades y la ciudadanía en general, sino que atentan contra principios esenciales de transparencia, acceso a la información pública y justicia ambienta”, señala el proyecto impulsado por la legisladora.

Lizana, en sintonía con esa preocupación, formalizó un proyecto de resolución exigiendo explicaciones al Ministerio de Energía y Ambiente. Citando el artículo 5 de la Ley Provincial 7722 y el artículo 7 del Convenio de Escazú, argumentó que la elección del lugar contraviene el principio de neutralidad y puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.

La falta de una dirección física accesible y la obligatoriedad de inscripción previa mediante formulario virtual excluyen a sectores de la población, especialmente a comunidades locales y personas con limitaciones tecnológicas, violando el derecho a la participación establecido en el artículo 20 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) y en estándares internacionales de justicia ambiental., apuntó Lizana. La falta de una dirección física accesible y la obligatoriedad de inscripción previa mediante formulario virtual excluyen a sectores de la población, especialmente a comunidades locales y personas con limitaciones tecnológicas, violando el derecho a la participación establecido en el artículo 20 de la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) y en estándares internacionales de justicia ambiental., apuntó Lizana.

Brechas tecnológicas y exclusión social

Otra preocupación compartida es la accesibilidad digital. El procedimiento requiere inscripción previa mediante un formulario virtual, lo cual —según denunciaron referentes kirchneristas y la propia Lizana— deja fuera a sectores vulnerables: personas mayores, comunidades rurales y habitantes sin acceso estable a internet.