Empleados Judiciales, uno de los gremios que tiene una relación muy tensa con el Poder Judicial y el Gobierno, aceptó el aumento del 10% en dos cuotas.
La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial acordó con el Gobierno.
Gobierno de MendozaLa tensión entre el Gobierno de Mendoza y la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, uno de los gremios combativos, venía sumando capítulos. La mesa de negociación paritaria no había dado signos de acuerdo y todo parecía profundizar un conflicto que amenaza con paralizar la actividad en los tribunales.
El secretario general del sindicato, Ricardo Babillon, le había transmitido a El Editor el malestar del sector tras el encuentro del 26 de febrero. La oferta oficial, que consistía en un incremento del 5% para el primer mes y un 2% adicional para el siguiente —totalizando un 7%—, fue considerada "a todas luces insuficiente" por la conducción gremial.
Babillon advirtió que, incluso si la administración provincial tuviera la voluntad de estirarse hacia un 10%, esa cifra proyectada seguiría quedando por debajo de la inflación acumulada registrada desde diciembre hasta el presente mes de febrero. En aquel momento dijeron que el rechazo al ofrecimiento no solo residía en la coyuntura inflacionaria actual, sino en lo que denominan un "atraso histórico" del poder adquisitivo del 40% en función del aumento de sueldo que tuvo el gobernador Alfredo Cornejo.
Desde el Gobierno provincial indicaron que esta mañana se firmó el acuerdo salarial, luego de que la semana pasada recibieran la oferta y avisaran que la bajarían a las bases. Finalmente, este lunes se volvieron a ver las caras para rubricar la documentación pertinente y volver a reunirse dentro de unos meses.
La propuesta salarial que aceptaron judiciales es un aumento para marzo de 7% y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. De esta manera, se convirtieron en el séptimo sindicato en acordar con el Gobierno. Antes lo habían hecho: SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.