De la protección a la "gestión de riesgos. Mendoza atraviesa el cambio de paradigma más profundo en su política de recursos naturales desde la histórica sanción de la Ley 7722 en 2007. No viene detrás de una reforma legislativa ruidosa ni de una derogación directa de leyes, sino de una sofisticada ingeniería administrativa que el gobierno de Alfredo Cornejo ha denominado "distritos mineros". Esta estrategia, que busca agrupar cientos de proyectos bajo un mismo paraguas burocrático y legal, ha logrado lo que parecía imposible hace poco más de un lustro: el ingreso de maquinaria pesada a la cordillera en busca del "oro rojo" de la transición energética.
La estrategia se despliega en dos frentes que la Provincia busca posicionar en cada foro minero en el que se presenta: el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) en el sur y el flamante Distrito Minero Norte (DMN) en Uspallata, que pretende expandir los confines de San Jorge.
La anatomía del distrito minero
El concepto de Distrito Minero no es un invento mendocino, sino una adaptación de modelos impulsados a nivel global como los de Pilbara en Australia o el Bajo Cauca en Colombia. En esencia, consiste en dejar de evaluar minas como enclaves aislados para tratarlas como unidades geográficas integrales. En la teoría, esto permite optimizar infraestructuras —caminos, líneas de alta tensión y gestión hídrica compartida— y unificar el impacto ambiental en un sólo área.
Sin embargo, en el contexto mendocino, el empaquetamiento de los proyectos tiene una función adicional: evitar que se multipliquen los conflictos. Al presentar ante la Legislatura un Informe de Impacto Ambiental (IIA) global que abarca cientos de propiedades, el Ejecutivo evita el desgaste de debatir proyecto por proyecto. Es una especie de ventanilla única territorial.
En el Distrito Minero Norte, la reciente adjudicación a la consultora sudafricana Knight Piésold por US$ 300.000 para elaborar la línea de base sobre casi 4.000 kilómetros cuadrados es la prueba de esta escala. El área contiene entre 140 y 200 propiedades mineras. Si la Legislatura ratifica este informe global, la puerta de entrada para decenas de empresas quedará abierta de un solo golpe.
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El Distrito Minero Norte expande las fronteras de San Jorge para explorar en busca de otro y cobre.
"Dentro de la ley, todo": la postura oficial
El Gobierno de Mendoza sostiene con firmeza que los distritos mineros no solo son legales, sino que son la forma más rigurosa de cumplir con la 7722. Su defensa descansa en tres pilares fundamentales que han servido para blindar cada decreto firmado hasta la fecha.
- Primero, la cuestión de las sustancias permitidas. Los proyectos incluidos en estos distritos, como los 34 aprobados recientemente en Malargüe, se limitan estrictamente a la etapa de exploración. Al no utilizar cianuro, mercurio ni ácido sulfúrico en esta fase, el Gobierno argumenta que se cumple a rajatabla con la prohibición del Artículo 1 de la llamada "ley guardiana del agua". Para el Ejecutivo, no hay debate posible: mientras no haya químicos prohibidos, no hay violación a la norma.
- Segundo, la ratificación legislativa. El Artículo 3 de la 7722 exige que cada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sea ratificada por ambas cámaras. El modelo de distritos no elude este paso, sino que lo empaqueta. Al enviar un conjunto de DIAs para ser tratadas en una misma sesión, el Gobierno sostiene que cumple formalmente con el paso de control político, optimizando los tiempos del Estado.
- Finalmente, el respaldo judicial. En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza rechazó de plano un amparo contra el MDMO. El fallo dictaminó que el procedimiento de aprobación conjunta no presentaba irregularidades sustanciales y que la Ley 9.588/24, que creó el distrito, es plenamente válida. También obtuvo respaldo legal el avance del Distrito minero Norte, al negarle a Danone la unificación de demandas por Paramillos (ver aquí). Para la gestión de Cornejo, este espaldarazo judicial es la certificación final de que el camino elegido es el correcto.
El Perdido y la avanzada del sur: Kobrea pasa al frente
En la cordillera de Malargüe, la canadiense Kobrea Exploration Corp. se ha convertido en la punta de lanza en el inicio de la perforación con su proyecto El Perdido. Con una extensión de 6.878 hectáreas y una inversión inicial de US$ 20 millones, la empresa busca validar anomalías geofísicas que se extienden hasta los 1.000 metros de profundidad.
El desembarco en Mendoza de figuras como Gene McBurney, de ECM Capital Advisors, no es casual. Después de reunirse con el gobernador, tuvo una declaración de principios reveladora de la importancia que tuvo para las mineras el cambio de leyes: "La legislación cambió, es una jurisdicción bienvenida".
La obtención del permiso de Irrigación para utilizar 35 metros cúbicos diarios de agua en El Perdido es uno de los cuestionamientos que las asambleas ambientales señalan en este caso. Por otra parte, han señalado referentes de la oposición, casi todo MDMO está asentado en área periglaciar.
Los argumentos de las Asambleas: el "vaciamiento" de la ley
Frente al entusiasmo oficial, las organizaciones sociales y asambleas ambientales sostienen una visión diametralmente opuesta. Para estos sectores, el modelo de distritos es una trampa legal diseñada para eludir el espíritu de la 7722 sin tocar su texto.
El primer punto crítico es el impacto acumulativo. Las asambleas argumentan que la ley exige una evaluación individual y profunda. Al empaquetar 34 proyectos en un solo informe, se diluye el análisis del impacto real sobre la cuenca hídrica. "No es lo mismo el impacto de una mina que el de treinta operando en la misma cuenca", sostienen sus referentes. Consideran que el ecosistema se analiza como una foto estática y no como un sistema dinámico que puede colapsar bajo una presión industrial múltiple.
En segundo lugar, denuncian lo que llaman la trampa de la exploración. Existe el temor fundado de que, al aprobar masivamente la búsqueda de minerales, se generen derechos adquiridos para las empresas. Esto podría derivar en presiones futuras para permitir el uso de sustancias prohibidas una vez que los yacimientos estén probados y la inversión sea multimillonaria.
Por último, señalan la falta de consulta sectorial efectiva. Las críticas apuntan a que el proceso de participación ciudadana en un área tan vasta como un distrito minero es mucho menos efectivo que en proyectos puntuales. En ese sentido, las audiencias públicas en centros alejados de las comunidades afectadas son vistas como un simulacro democrático que no garantiza el consentimiento informado.
Los glaciares en la mira
El gran punto ciego de la estrategia oficial ha sido señalado por la ciencia local. Un informe de la UNCuyo y el IANIGLA advirtió que la fase 2 del MDMO ignoró sistemáticamente el ambiente periglacial. La Ley Nacional 26.639, recientemente reformada, era taxativa: no se puede realizar actividad minera sobre glaciares o áreas periglaciares que actúan como reguladores hídricos. La reforma impulsada por Javier Milei introdujo un cambio crucial: las provincias tendrán la última palabra respecto de cuáles son los periglaciares que se consideran de "relevancia hídrica".
(intervención de Jimena Latorre en el Congreso con motivo de la modificación de la Ley de Glaciares):
Embed - Discurso de Jimena Latorre en la previa de la sesión por Glaciares
La respuesta del Gobierno fue quirúrgica: frenó dos de los proyectos donde la evidencia de hielo era innegable, pero ordenó seguir con otros 27. Esta lógica de frenado selectivo es vista por los sectores críticos como un incumplimiento del principio precautorio. La universidad insiste en que el IANIGLA debe delimitar las distancias concretas antes de que la remoción de tierras se vuelva irreversible.
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El Gobierno de Mendoza pidió avanzar con la busqueda de cobre en Malargüe pese a las objeciones del Ianigla.
El frente norte: avance con aval de la Corte
Si en Malargüe el Gobierno cuenta con cierto consenso local mayoritario, el Distrito Minero Norte (Uspallata) es un escenario de resistencia social. El reciente fallo de la Suprema Corte de Mendoza contra la firma Aguas Danone (Villavicencio) ha sido un hito para el avance en la estrategia del oficialismo.
Danone ha utilizado durante 20 años recursos judiciales para bloquear el proyecto Paramillos y la expansión de San Jorge. Al rechazar la acumulación de causas, la Corte impidió que los juicios se eternizaran en un laberinto burocrático que hubiera dilatado el avance de la exploración. El fallo permite que el Ejecutivo avance con el estudio de impacto ambiental que fue adjhudicado a la sudafricana Knight Piésold incluso si el fondo del conflicto por la propiedad de la tierra sigue en disputa.
El diseño del Distrito Norte es, además, un ejercicio de astucia política: se excluyó explícitamente el polígono de la Reserva de Villavicencio para neutralizar el discurso ambientalista de la multinacional francesa. Sin embargo, el potencial de cobre y oro certificado por el SEGEMAR no conoce de límites catastrales y se extiende por debajo de las zonas lindantes, donde la pulseada por las servidumbres mineras apenas comienza.
Una pulseada que llega a la Nación
Actualmente, el modelo mendocino está firme y operativo. Tras la ratificación legislativa de las DIAs y el respaldo de la Suprema Corte provincial, los proyectos en Malargüe han comenzado sus tareas iniciales de exploración. Pero el conflicto está lejos de terminar; simplemente ha escalado de jurisdicción.
La discusión se ha trasladado ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Organizaciones como la FARN han solicitado medidas cautelares urgentes, alegando que el modelo de distritos pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y viola el principio precautorio ambiental. Este frente nacional es la última esperanza de las asambleas para frenar un modelo que consideran un atropello a la soberanía ambiental, mientras que para el Gobierno sería el último escollo antes de la consolidación definitiva de la provincia como polo minero.
Mercado sediento de metales
El motor que acelera estos tiempos no es solo la voluntad política local, sino un mercado internacional sediento de metales y tierras raras. El cobre cotizando a niveles récord en Londres, impulsado por la electromovilidad, es un incentivo difícil de ignorar para una provincia con sus cuentas públicas bajo presión.
Apoyado en un paquete re reformas legales sostenidas por el brazo judicial, el Gobierno de Alfredo Cornejo ha logrado, hasta ahora, acorralar los obstáculos que históricamente frenaron la actividad.
Mendoza ya no es la provincia del No a la Mina absoluto del 2007. Hoy es el territorio de los Distritos Mineros, un esquema que permite al capital explorar bajo la promesa de una seguridad jurídica blindada. La "ventanilla única" ha comenzado a funcionar y el mapa ya no se dibuja mina por mina, sino por bloques territoriales. Mientras la justicia despeja los obstáculos y las consultoras internacionales trazan las líneas de base, el agua y los glaciares permanecen como el último límite real —y no administrativo— que la minería deberá enfrentar en la montaña mendocina.
