-La decisión del tribunal neoyorquino actúa como un cerrojo procesal.
-Revés a la demanda encabezada por los buitres Burford Capital y el fondo Eton Park.
El juicio por la expropiación de YPF se acerca al final.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó este lunes una resolución que paraliza todas las instancias pendientes en el juicio por la expropiación de YPF. La medida, que incluye la cancelación de las audiencias previstas para esta semana, despeja el camino para que el fallo que exime a la República Argentina del pago de US$ 16.100 millones adquiera firmeza definitiva.
La decisión del tribunal neoyorquino actúa como un cerrojo procesal. Al suspender las apelaciones secundarias —aquellas que discutían cuestiones técnicas como la entrega de acciones de la petrolera en garantía o la identificación de activos embargables—, la Justicia estadounidense confirma que el fondo de la cuestión ya ha sido resuelto a favor del Estado argentino. El escenario actual deja prácticamente sin oxígeno a los demandantes, encabezados por el bufete de litigios Burford Capital y el fondo Eton Park.
El conflicto se remonta a la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en 2012, bajo la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof. Los fondos demandantes, que compraron los derechos de litigio a las empresas del Grupo Petersen, alegaban que el país debió haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) según los estatutos de la compañía.
Aunque en primera instancia la jueza Loretta Preska había fallado en contra del país —imponiendo una multa astronómica que, con intereses, ya superaba los US$ 18.000 millones—, el tribunal de apelaciones revocó esa sentencia a fines de marzo pasado. Según los magistrados de la alzada, la justicia de los Estados Unidos no es la jurisdicción competente para interpretar de manera punitiva los estatutos privados de una empresa argentina frente a una ley de expropiación soberana.
Con la resolución de este lunes, la Cámara evita avanzar en procedimientos que califica de "abstractos". Si no hay condena monetaria firme, no tiene sentido discutir si la Argentina debe entregar sus acciones como garantía.
A pesar de la contundencia del fallo, a los demandantes les restan dos vías legales de extrema complejidad, descritas por analistas de Wall Street como recursos "cuesta arriba".
En primer lugar, Burford Capital podría solicitar una revisión en banc, esto es, que la totalidad de los jueces de la Cámara de Apelaciones revisen la decisión del panel de tres magistrados que favoreció a la Argentina. El segundo camino, y el más remoto, es el recurso de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense solo acepta tratar menos del 1% de los casos que recibe, priorizando aquellos de relevancia constitucional o federal, características que este pleito comercial parece haber perdido tras el último revés.
El presidente Javier Milei, quien celebró el fallo original de marzo como un "logro jurídico histórico", ha mantenido una postura de cautela optimista a través de la Procuración del Tesoro, liderada por Rodolfo Barra. Desde el Gobierno consideran que esta suspensión de apelaciones es el preámbulo del cierre definitivo de la causa, lo que eliminaría una de las mayores contingencias financieras que pesaban sobre el país.
La noticia fue recibida con optimismo moderado en la City porteña y en los mercados internacionales. La eliminación de este "riesgo de cola" —un evento de baja probabilidad pero de impacto catastrófico para las reservas del Banco Central— refuerza la posición de los bonos soberanos argentinos, que han mostrado una tendencia alcista en las últimas semanas.
Para la República Argentina, ganar este juicio no solo implica un ahorro fiscal equivalente a casi tres veces las reservas netas actuales, sino también una victoria política compartida por distintas administraciones que mantuvieron la defensa técnica a lo largo de los años. Por ahora, el reloj corre a favor de Buenos Aires, mientras los tribunales de Nueva York comienzan a bajar el telón de un drama judicial que duró más de una década.