La tensión entre San Rafael y el gobierno provincial no está solo dada por el proyecto de autonomía municipal que presentó el gobernador Alfredo Cornejo, sino que tiene otros temas que generan polémica. Uno de ellos es la construcción de la ampliación de la cárcel en el distrito El Cerrito.
A través de una nota firmada por Evelina Martos, quien fuera candidata a concejal por el frente demócrata -libertario, y Yésica Piastrellini, quienes cuestionaron fuertemente por licitar una obra sin tener en cuenta el impacto ambiental de la misma en los vecinos de esa zona de San Rafael.
En un pasaje de la nota, afirman que “nadie pone en duda que la seguridad y el sistema penitenciario son deudas urgentes de la Provincia. Sin embargo, el problema no es la obra en sí, sino las formas. Mendoza capital parece haber olvidado que San Rafael no es una extensión administrativa de su oficina, sino una comunidad con vida, planes y un orden propio”.
Además, explican que el Gobierno provincial no tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial local (Ordenanza 15.214) y apuntaron a un problema a futuro con la construcción de la ampliación del penal: el colapso del sistema de cloacas.
“La Provincia argumenta que la seguridad es su facultad exclusiva. Pero, ¿quién se hace cargo del colapso de las cloacas? ¿Quién mantiene las calles de acceso que se destruirán con el tránsito pesado? ¿Quién garantiza la seguridad civil en un entorno que duplicará su población penal?”, admitieron las mujeres en la misiva enviada a la prensa.
En medio del conflicto por la autonomía municipal
Tanto Martos como Piastrellini esgrimen que el descontento de los vecinos de El Cerrito por la licitación de la ampliación de la cárcel se da “en un momento providencial”, ya que el departamento se encuentra en conflicto con el gobierno provincial por la autonomía municipal, que ahora Cornejo pretende aplicar en todos los municipios.
“El Frente Libertario Demócrata ha manifestado su apoyo explícito a los reclamos de la comunidad, demostrando que no es indiferente a esta queja. Esta postura refuerza la idea de que la defensa de la propiedad y el control local sobre el territorio son principios que no deben ser avasallados por el centralismo estatal”, explicó Martos.