ATE asegura que más del 80% de los trabajadores estatales se sumaron a las medidas de fuerza. Exigen salarios dignos y pases a planta.
ATE criticó el ajuste en salud y denunció que el Gobierno prioriza la minería sobre los trabajadores.
Con una adhesión superior al 80% en todos los sectores estatales, ATE concluyó dos jornadas de medidas de fuerza con asambleas, retención de servicios y un paro en reclamo de mejoras laborales y salariales urgentes. El epicentro de la protesta fue el Hospital Central, donde realizaron una olla popular para visibilizar la crítica situación del sector.
El secretario general del gremio, Roberto Macho, fue categórico: “ El trabajador de la salud no va a comer cobre. Necesita cobrar por su trabajo para poder vivir”. En una extensa declaración pública, advirtió que el ajuste del Gobierno provincial busca vaciar los hospitales públicos para avanzar en un modelo de privatización de la salud y precarización laboral.
Los reclamos del sindicato son claros: salarios equivalentes al costo de la canasta alimentaria (estimado en $1.300.000 para la clase inicial), cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (ley 9068), un cronograma de pases a planta de contratados y prestadores, y el reconocimiento de adicionales para los licenciados en enfermería conforme a la ley 7799.
Macho remarcó: “El 4% de aumento decretado por el Ejecutivo representa apenas $5.300 en el básico, unos $25.000 en el bolsillo. Eso es hambre, no es un salario digno”. Además, denunció que mientras se recorta en salud, “el Gobierno entrega adicionales de hasta $23 millones discrecionalmente a funcionarios jerárquicos”.
Durante su alocución, el dirigente sindical recordó que durante la pandemia, el personal de salud fue considerado esencial, pero ahora el Ejecutivo los trata como prescindibles. “Pasamos de ser héroes del pueblo a una bolsa improductiva, y nos cambiaron por el cobre en Uspallata”, señaló con dureza, en alusión al apoyo oficial al proyecto minero San Jorge.
Macho también apuntó contra las políticas de infraestructura sanitaria: “Vacían hospitales públicos como el Carrillo o el Metraux, mientras inauguran hospitales privados como en Luján. Con esa plata podrían haber invertido en los centros que ya existen y están en ruinas”.
Desde ATE sostienen que la política oficial busca precarizar deliberadamente a los trabajadores de la salud para empujarlos al sector privado. “Hay una privatización encubierta del sistema sanitario mendocino, disfrazada de modernización”, advirtió Macho.
Y remató: “Vamos a seguir peleando, aunque tengamos que comer en la casa del ministro o del gobernador. No queremos subsidios: queremos salario por el trabajo que hacemos”.
El gremio finalizó la jornada en estado de alerta y movilización, a la espera de una convocatoria urgente a paritarias reales. Si no hay respuesta, anticiparon que las medidas se intensificarán en los próximos días.