Denuncian despidos, intervención en la comunicación interna y pérdida de funciones clave en el INTA. Preocupación y angustia en Mendoza y todo el país.
Trabajadores del INTA advierten sobre el impacto del decreto presidencial y el desmantelamiento del sistema científico nacional.
La incertidumbre y el temor ganan terreno entre trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) tras los anuncios del presidente Javier Milei y las medidas que buscan disolver organismos estatales vinculados a la ciencia y la producción. En Mendoza, un trabajador del instituto relató en primera persona cómo se vive esta etapa.
Desde que se conoció el decreto presidencial que incluye al INTA entre los entes a disolver, distintas áreas del instituto comenzaron a desmantelarse.
"Ya nos han dado de baja direcciones, coordinaciones y agencias de extensión rural, que son las más alejadas de los centros urbanos. Les sacaron hasta los teléfonos corporativos, que para nosotros no son sólo una línea: son el canal con los productores”, explicó un trabajador desde Mendoza.
El área de comunicación, por ejemplo, quedó desmantelada: les quitaron el teléfono para atender el canal de WhatsApp, redes sociales y tareas institucionales. Ahora ese costo lo tiene que costear él ya que la institución dejó de hacerse cargo.
En algunos edificios del INTA, incluso, Gendarmería Nacional habría intervenido para retirar vehículos oficiales. “La situación es grave. Nos sentimos desamparados y a la deriva. Lo que antes era una estructura de trabajo ahora está intervenida, y muchas funciones esenciales dejaron de existir”, agregó.
Más allá del impacto laboral, los trabajadores advierten sobre las consecuencias productivas de este proceso. “El INTA trabaja en toda la cadena agroindustrial del país. Desde el mejoramiento genético de hortalizas hasta el desarrollo de fibras textiles en el sur y papel prensa en el norte. No somos un gasto, somos inversión con retorno social”, sostuvo el vocero.
El trabajador recordó que estudios económicos indican que por cada peso que se invierte en el INTA, se generan once pesos de beneficio para la sociedad.
En paralelo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se están impulsando medidas judiciales para frenar el decreto. Ya hay una cautelar vigente contra la disolución de Vialidad Nacional, y los gremios buscan que la misma protección se extienda a otros entes como el INTA, el INTI, el INV y el INASE.
La estrategia sindical también se apoya en el Congreso. “Si una sola cámara se expresa en contra del decreto, este cae. Por eso nos estamos reuniendo con legisladores de todos los espacios”, explicaron desde ATE.
Otra de las preocupaciones es la intervención directa sobre los cargos institucionales. “La comunicación interna fue intervenida. A quienes habían llegado por concurso los desplazaron para poner gente allegada a la vicepresidencia del INTA. Y no tienen idea de comunicación institucional”, denunció el trabajador.
El Consejo Directivo Nacional del INTA, integrado por representantes de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CREA y Federación Agraria Argentina, fue apuntado como un actor clave en el proceso. “Federación Agraria se apartó y no avala esta destrucción. Pero el resto sí. Y eso pone en riesgo nuestros puestos de trabajo”.