La marcha en defensa del agua vivió momentos de tensión debido a represión y forcejeos por parte de la policía. Uniformados se llevaron a un manifestante.
Manifestantes denunciaron represión policial en la marcha contra la minería en Mendoza.
Este viernes por la tarde, las asambleas por el agua habían convocado a una manifestación pacífica en el km0 de la Ciudad de Mendoza para dirigirse hasta la Legislatura. Una vez comenzada la caminata, en calle Las Heras y Patricias, se pudieron observar los primeros forcejeos entre la policía y algunos manifestantes. Asambleístas denunciaron represión.
Varias personas denunciaron haber recibido golpes por parte de uniformados pertenecientes a la UCAR.
Lo más grave se vivió frente a la Legislatura. Mientras las personas escuchaban los discursos, la policía se llevó detenido a un joven manifestante llamado Facundo Gollano. Según la versión policial, Gollano habría golpeado una bicicleta de la policía de Mendoza.
En ese momento, una decena de uniformados se abalanzó sobre Facundo para detenerlo e introducirlo en un móvil que se encontraba en el lugar. Hasta el momento, lo único que se ha informado al respecto es que fue trasladado hasta la comisaría 6ta de Ciudad.
La preocupación creció aún más cuando las personas repararon en que el vehículo policial no contaba con su respectiva patente aunque sí con una identificación: se podía leer el número 4050.
Según pudo saber ElEditor Mendoza, el representante de Gollano será Marcelo Romano, abogado ambientalista y candidato a concejal (Provincias Unidas), quien se acercó hasta la comisaría 6ta para obtener más información sobre las condiciones de detención del joven: "Estaba bien de salud, estaba buen en estado físico, no estaba bajo los efectos del alcohol, todo normal".
Al consultarle sobre la acusación, Romano explicó que "todavía no se sabe si es resistencia a la autoridad o atentado. No ha entrado en el circuito aún, seguramente va a haber un traslado a ESTRADA, que es la cárcel de transitorios en el polo judicial".
"Y bueno, técnicamente tienen de 24 a 48 horas, en el caso de que el fiscal no lo quiera atender hoy; yo voy a hacer todo lo posible para que me lo entregue", informó Romano.
De igual manera, la Inspección General de Seguridad ya tiene en su poder los videos registrados por este medio para analizar si amerita una investigación de oficio.