Nahuel Gallo intentaba ingresar a Venezuela, según él, para visitar a su esposa. El Gobierno de Venezuela lo detuvo, acusándolo de ser un espía.
El gendarme Nahuel Gallo junto a su esposa María Alexandra y su hijo, Victor.
El 8 de diciembre de 2024 marcó el inicio de un conflicto que aún hoy, un año después, sigue sin resolverse. Ese día, Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido en Venezuela bajo acusaciones de “espionaje” y “vinculación con acciones terroristas”. Su caso se convirtió rápidamente en un símbolo de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro.
Gallo intentaba ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia,según su versión, para visitar a su esposa, María Alexandra Gómez, y a su hijo. Sin embargo, para las autoridades venezolanas Gallo es un espía. "Ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental. [Gallo] se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional, ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas. El imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales", declaró el Gobierno de Nicolás Maduro.
Según denunció su familia, fue interceptado por funcionarios venezolanos y trasladado a la Cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas. Allí permaneció durante meses, mientras las autoridades venezolanas sostenían que su presencia estaba ligada a actividades de inteligencia.
La esposa del gendarme relató que en los primeros meses recibió mensajes contradictorios. El fiscal de la República, Tarek William Saab, le aseguró que la detención había sido “un error” y que se trataba de un “conflicto diplomático”. Sin embargo, la liberación nunca llegó. En agosto de 2025, Gómez regresó a la Argentina junto a su hijo, resignada a la espera. La madre de Gallo, Griselda Heredia, también alzó su voz. En septiembre pidió públicamente por la liberación de su hijo y confesó su desesperación al ver cómo la crisis regional escalaba con la presencia de flotas estadounidenses en el Caribe.
El gobierno de Milei denunció la situación ante organismos internacionales como la ONU y la OEA, calificando la detención como “arbitraria e ilegal”, incluso como una “desaparición forzada” y un “delito de lesa humanidad”. En paralelo, el embajador argentino ante la Corte Penal Internacional, Diego Sadofschi, solicitó el arresto de Maduro y Diosdado Cabello por violaciones a los derechos humanos.
A un año de su detención, Nahuel Gallo continúa privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas. Su caso se ha transformado en un punto de fricción constante entre Buenos Aires y Caracas, y en un recordatorio de cómo las disputas políticas pueden tener consecuencias directas sobre la vida de las personas.