El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a los ministros en la Casa Rosada para reactivar la agenda política del Gobierno nacional. El movimiento ocurre tras la explosiva declaración de un contratista que detalló gastos millonarios en una propiedad privada y el pedido de detención formalizado por la diputada nacional Marcela Pagano ante la Justicia.
Embed - MARCELA PAGANO APUNTÓ contra ADORNI por su viaje en el AVIÓN PRESIDENCIAL
El retorno a la centralidad política
En un intento por retomar la iniciativa comunicacional y despejar las dudas que pesan sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, convocó a una reunión plenaria con los titulares de todas las carteras para el próximo viernes a las 14 horas. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, busca dar una imagen de cohesión y avance en la gestión, centrando la atención en proyectos legislativos clave como la denominada Ley Hojarasca, la reforma electoral y la designación de pliegos judiciales en el Senado.
Esta convocatoria es la primera de carácter integral desde abril, cuando el presidente Javier Milei respaldó públicamente a su funcionario coordinador. Sin embargo, el escenario político actual se encuentra condicionado por las novedades en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial ha tomado un ritmo vertiginoso en las últimas horas.
Revelaciones en el country Indio Cuá
El frente judicial de Manuel Adorni sufrió un revés significativo tras la declaración testimonial del arquitecto y contratista Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el profesional detalló que el funcionario desembolsó la suma de USD 245.000 para realizar refacciones integrales en su vivienda del country Indio Cuá, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz.
Según el testimonio incorporado al expediente, los pagos se habrían realizado mayoritariamente en efectivo y sin el respaldo de facturas legales. La descripción de las obras incluye la remodelación de una cocina con isla, la construcción de una pérgola y una pileta de lujo con cascada y revestimientos de mármol travertino. Estas cifras han encendido las alarmas en la Justicia, ya que los montos declarados por el contratista parecen no coincidir con las declaraciones juradas presentadas por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Oficina Anticorrupción.
El pedido de detención y la "Doctrina Irurzun"
La tensión escaló al plano parlamentario cuando la diputada Marcela Pagano, anteriormente aliada del oficialismo y ahora en el monobloque Coherencia, solicitó formalmente la inmediata detención de Manuel Adorni. La legisladora fundamentó su pedido ante el juez Ariel Lijo alegando un grave riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Marcela Pagano denunció que el jefe de Gabinete habría utilizado la plataforma de mensajería WhatsApp para contactar a Matías Tabar antes de su declaración testimonial. Según la acusación, el funcionario habría ofrecido "ayuda" y el contacto de su "equipo" con el fin de que el testigo tergiversara los montos y la modalidad de los pagos realizados por las obras en el barrio privado.
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Martín Irurzun, juez federal.
En su presentación, la diputada invocó la denominada "Doctrina Irurzun", un criterio jurídico que permite la prisión preventiva de funcionarios públicos si se considera que su poder de influencia puede afectar la recolección de pruebas o coaccionar a los testigos. Por su parte, el contratista entregó su teléfono celular a la justicia para que sea peritado, tras admitir que algunos mensajes habían sido borrados, lo que refuerza las sospechas de la querella sobre intentos de manipulación de la evidencia.
Defensa y estrategia oficial
Desde el entorno del jefe de Gabinete mantienen una postura de rechazo absoluto a las acusaciones. Fuentes oficiales aseguran que los montos difundidos son inexactos y que solicitarán una pericia contable para refutar los dichos de Matías Tabar. El propio Manuel Adorni, al ser consultado sobre el incremento de su patrimonio y sus recientes viajes familiares, se limitó a señalar que ya brindó las explicaciones pertinentes ante el Congreso de la Nación y que cualquier aclaración adicional se realizará estrictamente en el ámbito judicial.
Mientras la Casa Rosada intenta blindar la figura de su ministro coordinador mediante la reactivación de la agenda de gestión, los tribunales avanzan en el cruce de datos financieros y migratorios. El destino de la jefatura de Gabinete parece quedar atado, ahora más que nunca, al resultado de los peritajes tecnológicos y a la solidez de las pruebas aportadas por quienes alguna vez formaron parte del círculo de confianza del funcionario.