El Gobierno de los Estados Unidos de América se presentó como “amicus curiae” de la Argentina y pidió la suspensión del fallo que ordena el pago de US$16.000 millones con acciones de YPF hasta tanto se resuelva la apelación.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito en el que argumentan que se viola la inmunidad soberana de los países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiende un puente a su par argentino Javier Milei.
El Gobierno de los Estados Unidos de América se presentó como “amicus curiae” de la Argentina y pidió la suspensión del fallo que ordena el pago de US$16.000 millones con acciones de YPF hasta tanto se resuelva la apelación.
La principal argumentación que expresó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un escrito de doce páginas es la medida judicial viola el principio de inmunidad soberana de los países. En el documento, el gobierno de Donald Trump basa su postura en principios de política exterior y relaciones internacionales.
En ese sentido, la administración americana muestra interés en la aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal.
El documento explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. La FSIA creó excepciones limitadas para “propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero”, pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.
En consecuencia concluyó que la orden del tribunal de distrito es inconsistente con estos principios. Recordó además que “otras decisiones de tribunales de apelaciones han requerido que la propiedad de un estado extranjero esté en Estados Unidos para que pueda ser ejecutada”.
“La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”, señaló el gobierno de Estados Unidos.
En esa línea, expresó que el “Congreso del país no indicó una intención de eliminar la inmunidad para la propiedad de estados extranjeros fuera de Estados Unidos al promulgar la FSIA”.
Añadió que “la FSIA debe interpretarse de manera consistente con el derecho internacional consuetudinario, que generalmente prohíbe la jurisdicción de ejecución en el territorio de otro estado sin su consentimiento”.