La presión impositiva sobre la vitivinicultura argentina alcanza entre el 57% y 62% del excedente productivo, según un informe de la UNCuyo. Este nivel duplica al de Chile y supera ampliamente el promedio nacional. Las bodegas más pequeñas son las más perjudicadas por estos impuestos, en un contexto de creciente pérdida de competitividad para el sector.
Bodegas y fincas de Mendoza, entre las más castigadas
Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a pedido de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), expuso que los impuestos absorben hasta el 62,4% del excedente puro de producción de una bodega en Argentina, y el 57,1% en una finca.
Estos porcentajes duplican los niveles que afrontan establecimientos similares en Chile, donde los impuestos representan el 33,3% y 42,4% del excedente, respectivamente.
El estudio, que se actualiza desde 2017, detalla que las unidades productivas pequeñas son las más afectadas. En fincas chicas, la presión llega al 61,2%, y en bodegas chicas, al 63,4%. En contraste, las fincas y bodegas grandes tributan entre el 53% y 58%.
Impuestos que afectan la rentabilidad del vino argentino
El análisis también desglosa cuáles son los tributos con mayor impacto en el resultado empresario. Para una bodega integrada en Mendoza (que produce uva y elabora vino), el Impuesto a las Ganancias representa el 20,8% de la carga fiscal total, seguido por los impuestos al trabajo o cargas laborales (17,1%), y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (10,9%).
Además, los Ingresos Brutos, que dependen del gobierno provincial, aportan el 3,4%. El resto de la carga corresponde a IVA, impuestos patrimoniales, tributos sobre energía, combustibles, mano de obra e insumos. El informe destaca que la mayoría de los tributos que recaen sobre el sector son de jurisdicción nacional.
Una carga mayor que el promedio nacional y regional
Comparado con otros sectores productivos, el vino argentino enfrenta una presión impositiva muy superior al promedio nacional, que es del 37,7%, y al promedio de Mendoza (39%). Incluso supera a países como Brasil (40,4%).
El informe concluye que desde 2017, la carga fiscal no ha parado de aumentar, afectando la rentabilidad y competitividad de la vitivinicultura. Ante esta situación, COVIAR reclama una reforma impositiva estructural que permita sostener la actividad y preservar su proyección nacional e internacional.