El fallo de la Corte estadounidense desautoriza a la jueza Preska y suspende la entrega del 51% de la petrolera mientras dure la apelación.
La Corte de Nueva York suspende el embargo de YPF y habilita a Argentina a apelar sin entregar acciones clave.
En un fallo que da aire a la estrategia legal del país, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar el 51% de YPF a los fondos Burford y Eton Park, habilitando al Estado a apelar sin desprenderse de las acciones.
La decisión, emitida este viernes, representa un giro clave en el litigio por la expropiación de la petrolera. Preska había ordenado el traspaso de las acciones como parte de una ejecución anticipada, algo que la defensa argentina consideró un riesgo para la soberanía sobre un activo estratégico.
El tribunal neoyorquino, tras analizar el caso, resolvió “conceder las mociones de suspensión y suspender las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 en espera de la resolución de estas apelaciones”.
En un hecho inusual, la Corte aceptó la presentación del gobierno de Donald Trump como amicus curiae (amigo del tribunal) en apoyo a Argentina. Fuentes oficiales consideran que este respaldo podría fortalecer la posición nacional frente al reclamo de Burford.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que la medida “garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
También aclararon que la decisión no resuelve el litigio de fondo, que sigue pendiente desde la sentencia de septiembre de 2023, la cual condenó al país a pagar USD 16.000 millones más intereses. Esa instancia podría definirse recién a mediados de 2026.
El conflicto legal se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Los fondos Burford y Eton Park compraron los derechos litigiosos de accionistas minoritarios y llevaron el caso a la justicia estadounidense, alegando incumplimiento del estatuto de la compañía.