El Gobierno aceptó restablecer la Ley de Tierras para avanzar con su proyecto de propiedad privada.
Propiedad privada y tierras rurales: las claves de la negociación del Gobierno en Diputados
Propiedad privada y tierras rurales: las claves de la negociación del Gobierno en Diputados
El Gobierno de Javier Milei aceptó restablecer la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner, para conseguir la aprobación en Diputados de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La concesión permitió destrabar uno de los puntos más conflictivos de la iniciativa, mientras el oficialismo conservó los cambios que buscaba introducir en las expropiaciones y los desalojos.
La Cámara baja aprobó el proyecto en general por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Sin embargo, la reincorporación de la Ley de Tierras consiguió un respaldo mucho más amplio: 239 diputados votaron a favor, cuatro en contra y seis se abstuvieron. La diferencia muestra que el rechazo al proyecto general no impidió que legisladores de distintos bloques acompañaran la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La Ley 26.737 establece límites a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas o empresas extranjeras. La norma fija un máximo del 15% de la superficie rural del país, las provincias o los municipios bajo titularidad extranjera y establece un límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo productiva o sus equivalentes.
El presidente Milei había intentado derogar esa ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. La modificación formaba parte de la política de desregulación impulsada por el Gobierno y eliminaba las restricciones específicas a la adquisición de campos por extranjeros.
La incorporación de los artículos 38 y 39 al proyecto de propiedad privada busca dejar sin efecto esa derogación y restablecer los límites de la ley sancionada en 2011.
La discusión por la Ley de Tierras tuvo varios giros judiciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo que había cuestionado la derogación de la norma mediante el DNU 70/2023. El máximo tribunal rechazó una demanda por razones procesales, sin resolver si el artículo 154 del decreto era constitucional.
Días después, el 9 de octubre, la Corte suspendió provisionalmente los efectos de ese artículo en otra causa. La medida volvió a poner en discusión la vigencia de las restricciones a la compra de campos por extranjeros.
En paralelo, la oposición buscó tratar el rechazo al DNU completo en la Cámara de Diputados. El 15 de octubre, sin embargo, no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión y avanzar con la votación. El decreto siguió vigente, pero el conflicto político no quedó resuelto.
El proyecto conserva modificaciones al régimen de expropiaciones. El objetivo es limitar la capacidad del Estado para quitar una propiedad por razones de utilidad pública y establecer mayores exigencias para justificar esa decisión.
La declaración de utilidad pública deberá someterse a criterios estrictos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Además, el Estado no podrá transferir el dominio de un bien expropiado antes de pagar la indemnización completa en efectivo.
El cálculo de esa compensación también incorpora el valor de mercado de la propiedad y el lucro cesante, es decir, las ganancias que su titular deje de percibir como consecuencia de la expropiación, siempre que puedan acreditarse de manera objetiva.
Otro capítulo apunta a acelerar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente. La iniciativa incorpora procedimientos judiciales abreviados para agilizar la restitución de las propiedades.
Cuando en el inmueble vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos estatales competentes. Estos tendrán un máximo de diez días para ofrecer una alternativa habitacional transitoria, sin que esa medida suspenda el proceso de desalojo.
