El Gobierno negocia límites a la compra de tierras para sostener el DNU.
El Gobierno cederían con la Ley de Tierras para salvar el DNU 70/23
El Gobierno cederían con la Ley de Tierras para salvar el DNU 70/23
El Gobierno de Javier Milei está dispuesto a dar marcha atrás con parte de su política sobre la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar una derrota legislativa que podría tener consecuencias mucho más amplias. La apuesta es recuperar algunas restricciones sobre la propiedad extranjera y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de que la oposición consiga rechazar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.
La discusión tendrá dos fechas clave. El miércoles 14 de octubre, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para incorporar límites a la venta de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Un día después, el jueves 15, la oposición buscará reunir los votos para rechazar el mega DNU.
El cambio de estrategia tiene una explicación política: el Gobierno busca evitar que la discusión por las tierras termine poniendo en riesgo todo el decreto. El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Si Diputados también lo rechaza, quedaría derogado según el mecanismo previsto por la ley que regula estos decretos.
El problema para la Casa Rosada es que el DNU 70/23 no se limita a la cuestión de las tierras. También modificó o eliminó otras normas económicas, entre ellas la Ley de Alquileres y las leyes de Abastecimiento y Góndolas, además de cambiar reglas para los contratos en moneda extranjera y avanzar sobre el régimen de empresas estatales.
Por eso, el oficialismo podría aceptar modificaciones en un tema que hasta hace poco defendía como parte central de su política de desregulación. El objetivo es evitar que una derrota puntual termine arrastrando el conjunto de las reformas.
La convocatoria al plenario representa un cambio respecto de la posición que había sostenido el oficialismo meses atrás. En el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno había intentado flexibilizar las condiciones para la venta de tierras rurales a extranjeros. Sin embargo, ante la falta de votos y el rechazo que generó la propuesta, ese capítulo fue retirado durante su tratamiento en el Senado.
Ahora la estrategia es distinta. Según los planteos que analiza el oficialismo, se podrían restablecer límites porcentuales a la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales, pero sin recuperar el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país que establecía la ley original.
Es decir, el Gobierno no propone necesariamente volver al régimen anterior en todos sus términos, sino aceptar restricciones parciales para intentar sostener el resto del DNU.
La maniobra ya generó críticas de la oposición. El diputado radical Pablo Juliano acusó al oficialismo de cambiar de posición ante la posibilidad de que Diputados rechace el decreto y resumió su cuestionamiento con una frase: “Reculan en chancletas”
La oposición busca aprovechar el escenario abierto por el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre. En esa resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales.
La Corte rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) porque consideró que la organización no estaba habilitada para presentar ese reclamo en esos términos. Los jueces aclararon que no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación.
El efecto inmediato fue que volvieron a quedar sin vigencia las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión, además, reactivó la disputa política y abrió una nueva oportunidad para que la oposición intente avanzar contra el DNU completo.
La diferencia es importante: el debate del 15 de octubre no se limitará a discutir si deben volver los límites a la compra de tierras. Si Diputados rechaza el decreto, el efecto alcanzaría a todo su contenido, incluidas otras medidas económicas impulsadas por el Gobierno.
Por eso, la discusión parlamentaria puede convertirse en una prueba para los bloques dialoguistas, cuyos votos y asistencia serán importantes para definir si la oposición consigue abrir la sesión y avanzar con el rechazo.
El Congreso no es el único frente abierto. La Justicia también podría modificar el escenario antes de la sesión del jueves 15.
La Corte analiza un nuevo pedido de una medida cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras. Esta vez, el planteo fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Si el máximo tribunal restableciera provisoriamente la vigencia de la ley antes de la sesión, podría reducir el incentivo de algunos diputados dialoguistas para acompañar la iniciativa opositora contra el DNU. En ese caso, el Gobierno tendría una vía adicional para intentar evitar una derrota legislativa.
