La situación de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela ha alcanzado un nuevo pico de alerta tras conocerse el traslado del abogado Germán Giulianni a uno de los centros penitenciarios más peligrosos del país caribeño. La información fue difundida por el abogado Zair Mundaray.
Giulianni, quien se encuentra en una situación que juristas califican como "desaparición forzada", fue movilizado desde el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hacia el internado judicial Yare 2. en un primer momento se creyó que se trataba del gendarme Nahuel Gallo.
El derrotero judicial en Venezuela de Giulianni
Según la denuncia presentada por Mundaray, Giulianni permanece secuestrado bajo la acusación de "supuesta conspiración". La defensa sostiene que no existe prueba alguna en su contra y que se le ha impedido sistemáticamente ejercer su derecho a la defensa.
Actualmente, el argentino se encuentra en situación de aislamiento absoluto junto a otros 19 detenidos que formaron parte del mismo traslado el pasado 21 de diciembre. Esta maniobra es vista como un intento de profundizar el control y la presión psicológica sobre los prisioneros políticos.
La denuncia identifica con nombre y apellido a los responsables de la privación de la libertad del abogado. El letrado señala al fiscal General, Tarek William Saab; el fiscal Javier Quintero y al juez José Antonio García Morón.
Esta estructura es señalada como una "cadena de mando" que podría ser objeto de procesos penales bajo el principio de justicia universal en Argentina, donde ya existen causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
Dos argentinos en el sistema penitenciario de Maduro
El caso de Giulianni se suma al de Nahuel Gallo, otro ciudadano argentino que también permanece privado de su libertad en Venezuela. Sin embargo, fuentes cercanas a las familias aclararon que ambos se encuentran en centros distintos: mientras Giulianni fue derivado a Yare 2, Gallo permanece recluido en la prisión de Rodeo I.
La falta de información oficial y el hermetismo del gobierno de Delcy Rodríguez sobre el estado de salud de los detenidos ha movilizado a la diplomacia y a organismos internacionales, que exigen una fe de vida y el respeto inmediato a las garantías procesales básicas para los ciudadanos argentinos.