YPF acordó con el Gobierno de Mendoza la retirada de tres áreas petroleras. El llamado "Plan Andes" tiene un gran costo económico, social y ambiental.
El abandono de pozos maduros por parte de YPF bajo la denominación de "Plan Andes" se hizo dejando atrás un gran costo económico, social y ambiental. Económico: Mendoza dejó de percibir durante años el equivalente en regalías a medio Portezuelo del Viento. Social porque la partida de YPF significó la caída de cientos de contratos de trabajo. Y ambiental porque Mendoza no recibió ni un solo peso para la remediación y cierre de esos pozos.
Plan Andes es el nombre con el que YPF bautizó el abandono de pozos maduros en todo el país para focalizarse en lo que la administración de Marín, un hombre de Paolo Rocca en el Ejecutivo, considera más rentable: Vaca Muerta. En Mendoza los pozos de los que se desprendió la petrolera de bandera están ubicados en tres bloques de áreas: Mendoza Norte, Llancanello y Mendoza Sur.
Santa Cruz, por ejemplo, recibió 335 millones de dólares por la remediación de los pasivos. En Chubut YPF vendió la concesión de las áreas a PECOM, con el costo de la reparación ambiental incluido en el precio de la operación, y las que se quedó la provincia están "en evaluación de costo" a pagar por la petrolera.
Neuquén selló los decretos 372 y 380/2025 que permiten a YPF desprenderse de áreas con más de 1.200 pozos, un millar de kilómetros de ductos y pasivos sin remediar. Bentia Energy e Ingeniería Sima asumen la operación, pero la cobertura ambiental alcanza apenas cuatro años. La cesión implica que las firmas pagarán US $1,17 millones por la remediación de mil pozos de dos áreas y US$ 450.000 por otras cuatro áreas.
"Yacimientos maduros” se les llama a aquellos que ya pasaron su pico “óptimo” de producción pero pueden seguir siendo rentables. YPF argumenta que por su escala no le resulta eficiente ni rentable producir petróleo en este tipo de yacimientos y sostienen que tienen que ser explotados por operadores más pequeños.
El costo del pasivo ambiental es el argumento que usó YPF para intentar desentenderse de la remediación y del cierre de esos pozos, que también es una operación que requiere su costo.
El cierre de un pozo petrolero es un proceso complejo y costoso que implica taponar el pozo para evitar la fuga de petróleo y gas, y asegurar la protección del entorno.
Se utiliza una plataforma de perforación especial que inyecta un lodo espeso en la boca del pozo, obstruyendo los poros de la roca y alterando la presión. El costo total del cierre puede variar considerablemente dependiendo de la profundidad del pozo, el tipo de terreno y las regulaciones ambientales, pudiendo ir desde millones hasta cientos de millones de dólares. Procedimiento de cierre de un pozo petrolero:
El costo del cierre de un pozo petrolero puede variar significativamente según varios factores:
Las operadoras más chicas que se quedaron con los pozos son juniors comparadas con YPF o el resto de los jugadores de la cuenca neuquina. No tienen espalda para asumir ese costo.
Sin embargo Santa Cruz hizo un acuerdo para que la petrolera pagara 335 millones de dólares antes de irse. En Mendoza una fundación y un legislador, que ya no está en su banca, acudieron a la Justicia con un amparo para que la empresa se comprometiera a remediar los pasivos antes de irse.
El abandono de YPF de pozos en Mendoza para concentrarse en Vaca Muerta no sólo causó una pérdida de regalías equivalente a medio Portezuelo del Viento. Tras el cierre del llamado "Plan Andes" hay un conflicto en ciernes por despidos de los trabajadores pues la petrolera comenzó a dar de baja a contratos de empleados que se desempeñaban en los pozos, sobre todo en Malargüe.
El Gobierno promocionó la ida de YPF y la llegada de operadoras más pequeñas como una buena noticia pese a las implicancias no sólo en la percepción de regalías -con una baja notable en los últimos años- sino sociales en cuanto a la pérdida de trabajo.
En la retirada de pozos maduros, la empresa dio de baja miles de contratos en Santa Cruz, por ejemplo, donde ya hubo un conflicto con los empleados. La empresa ofreció en esa provincia una indemnización del 120% hasta el 31 de enero para fomentar los retiros voluntarios.
En Mendoza, según ilustró Julián Matamala, secretario general del Sindicato Del Personal Jerárquico Profesional Del Petróleo De Cuyo, hay cientos de empleos en riesgo.
"La operadora YPF ha comenzado a dar de baja diversos contratos en la zona de Malargüe. Hay yacimientos de convencional y no convencional, el Gobierno de Mendoza no nos dice nada. Necesitamos que se garantice el salario 100% para los trabajadores hasta que las operadoras que vienen se hagan cargo de los pozos", indicó Matamala.
Lautaro Jiménez (referente del FIT) y la Fundación Cullunche presentaron un recurso de amparo el 2 de julio de 2024, argumentando que el plan Andes de YPF viola la Ley General de Ambiente, que obliga a las empresas a asumir los pasivos ambientales generados por sus actividades.
Jiménez resumió a ElEditor Mendoza que "la Ley establece claramente que las empresas que realizan este tipo de actividades que implican un enorme impacto ambiental son responsables por los pasivos que generan".
YPF explotó las áreas que luego abandonó por más de 50 años sin realizar el cierre adecuado de pozos, lo que representa un grave riesgo de contaminación de napas de agua. La impugnación buscaba frenar el aval otorgado por el gobierno de Mendoza a la petrolera.
Uno de los aspectos más polémicos del proceso fue el rol de la ministra Jimena Latorre, quien simultáneamente ocupaba un cargo en el ministerio y en la dirección de YPF, en un claro conflicto de intereses.
"En el momento en que se anuncia el plan Andes, quien debía velar por los intereses ambientales de Mendoza estaba sentada en ese momento de los dos lados del mostrador", subrayó Jiménez. Paralelamente, YPF negociaba la cesión de áreas a empresas con escasos recursos financieros, lo que dificultaba la posibilidad de que estas compañías asumieran la remediación ambiental. Antes de acudir a la Justicia, Jiménez detectó que "había un acuerdo concreto de YPF con estas empresas para deslindarse de las responsabilidades, explícitamente".
Destacó el exlegislador la complicidad del gobierno mendocino en el proceso al estar Latorre como ministra y en el directorio de YPF. "A pesar de los intentos iniciales de desestimar las denuncias, el gobernador Cornejo terminó pidiendo su renuncia. Nos atacaban a nosotros por exponer esa situación y finalmente tuvieron que reconocer que no podía hacerlo. La resolución final dependerá de la Corte Suprema y de la evolución de las decisiones del ejecutivo provincial sobre el manejo de los pasivos ambientales".
La justicia federal se declaró incompetente el 9 de julio y derivó el caso a la Corte Suprema de la Nación, lo que generó demoras (ver cronología).
"Nosotros lo que le pedimos es que si no va a intervenir en el recurso de fondo de amparo, por lo menos plantee la cautelar, porque sabiendo que los tiempos en la Corte Suprema se extendían, el problema era que se avanzaba en la sesión", argumentó Jiménez. Sin embargo, la cautelar no fue otorgada. En agosto, el procurador de la Corte dictaminó que la justicia federal sí tenía competencia en el caso, pero hasta la fecha el expediente sigue sin resolución.
Desde un punto de vista económico, Mendoza enfrenta un perjuicio significativo. A diferencia de Santa Cruz, que logró que YPF le reconociera una compensación de 335 millones de dólares por pasivos ambientales, Mendoza no ha recibido ninguna indemnización.
Después de las sesiones de áreas, la Provincia buscó enmendar, con la resolución 28 de la Secretaría de Ambiente publicada en febrero de 2025, donde corrige las minutas de escrituras de cesión que liberan al cedente (YPF) de toda responsabilidad ambiental. Indica que
Sin embargo esta corrección sólo rige para las áreas "Chihuido de la Salina", Altiplanicie del Payún", "Cañadón amarillo, "El Portón y parte de Confluencia Sur. No entra Llancanello, por ejemplo.
Febrero 2024
Inicio de la publicidad del Plan 4×4 de YPF: Primera difusión del proyecto.
29 de febrero: Aprobación del proceso de racionalización del portafolio de campos maduros convencionales.
Detalle de activos: Se anuncia que los campos maduros comprenden 55 áreas con potencial de continuidad bajo operadores más pequeños.
Abril 2024
16 de abril – Presentación del Proyecto Andes: Lanzamiento oficial y anuncio de campaña de promoción internacional.
Banco Santander: Designado como gestor del proceso de venta.
Negociaciones estratégicas: Diálogos con gobernadores y sindicatos para viabilidad del proyecto.
17 de abril – Declaraciones de Marín: Más de 60 empresas interesadas; estimación de salida de áreas para septiembre.
Evaluación de áreas: Realizada por una empresa norteamericana de renombre.
Identificación de clusters: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.
Junio 2024
7 de junio – Cierre de recepción de ofertas: Más de 60 propuestas de más de 30 compañías nacionales e internacionales.
Expansión del Proyecto Andes: Se amplía a 55 áreas convencionales agrupadas en 11 clústers.
Exclusión de Tierra del Fuego: La provincia queda fuera de esta etapa de venta.
Inicio de proceso de evaluación: YPF y Banco Santander realizan análisis de ofertas con duración estimada de 2 semanas.
Julio 2024
2 de julio se presenta la cautelar y amparo en Mendoza
10 de julio la Justicia Federal lo gira a la Corte Suprema
19 de agosto el procurador general dictamina la competencia de la Justicia Federal
Agosto 2024
5 de agosto – Primer anuncio de acuerdos: Firma de los primeros 6 acuerdos para la cesión de 15 áreas en Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut.
14 de agosto – Segunda tanda de acuerdos: Firma de 2 nuevos acuerdos.
Venta del clúster Tierra del Fuego: Se confirma su venta en el corto plazo tras la salida de ENAP.
Exclusión de Santa Cruz: Inicialmente incluida, pero luego descartada; 20 activos quedan fuera del plan.
Septiembre 2024
17 de septiembre – Firma del noveno acuerdo: Cesión del cluster Neuquén Sur.
Total de áreas vendidas: Se alcanza la venta de 25 áreas convencionales.
Proceso de validación: Se envían acuerdos a gobiernos provinciales para su aprobación final.
Febrero de 2025