El fiscal Juan Manuel Sánchez debía notificar a sus pares de todo el país el levantamiento de las alertas de captura contra Soria, detenido hoy en Neuquén.
El fiscal Juan Manuel Sánchez debía informar a sus colegas de todo el país sobre el levantamiento de las alertas y pedidos de captura contra Soria.
Una omisión del fiscal Juan Manuel Sánchez fue determinante en la detención de Federico Soria este jueves, al llegar a la Terminal de Neuquén. Juan Manuel Sánchez debía informar del levantamiento de las alertas y pedidos de captura, pero, según denunciaron los abogados del vecino y asambleísta de Uspallata, y quedo demostrado con la detención, el trámite no se cumplió.
"Lo detuvieron apenas llegamos a la Terminal, un procedimiento de la Policía Federal porque no habían levantado las alertas de Interpol a pesar de que tenía permiso para viajar y todo", refirió Eugenia Segura a este diario tras la detención de Soria en Neuquén.
Cuando los abogados de Soria llamaron a la Fiscalía por la detención en Neuquén, se activó lo que estaba pedido desde hace meses: el levantamiento de las alertas y pedidos de detenciones, por lo cual el vecino fue liberado. "No alcanzó a estar detenido", buscaron justificarse desde el Ministerio Público Fiscal por canales informales.
Alfredo Guevara, abogado de Soria, detalló a ElEditor Mendoza que el 23 de mayo hizo "el pedido para que se levantaran las órdenes de captura. Federico había viajado en otras ocasiones. Y esta vez había presentado como corresponde los pasajes en la Fiscalía, Es un papelón".
Cuando Soria y Cornejo fueron denunciados tras una protesta contra San Jorge en Uspallata, el fiscal pidió la captura nacional e internacional de ambos. Esto fue en febrero. Cornejo fue capturado en la villa cordillerana y pasó en el calabozo 23 días. Soria también quedó tras las rejas cuando se presentó semanas después de la detención de Cornejo, a declarar.
Sin embargo, luego la jueza que llevaba la causa, Claudia Tula, se declaró incompetente, giró a la órbita nacional la causa y ordenó liberarlos. Previamente, el juez federal Alberto Daniel Carelli (Tribunal Oral Federal 1) elevó a la Corte Suprema las causas, con una demoledora argumentación contra la acusación de Sánchez por el artículo 213 bis, donde se les imputaba pertenecer a una asociación "terrorista" que busca imponer sus ideas, en este caso la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Tiempo después retomó la investigación y se creó un doble expediente.
"Nos notificaron que la causa volvió a la justicia provincial y nos dijo que el proceso sigue en libertad condicional como hasta ahora", resumió Soria a ElEditor Mendoza. A su turno, Cornejo indicó que detrás de estas citaciones persiste "ante todo la burocracia. Y cansar nuestra voluntad. Casa vez que venimos tenemos que hacer un gasto de combustible, desplazarnos desde Uspallata, y la idea es cansarnos o seguir hostigándonos. Nuestra libertad sigue siendo condicional".