El procesamiento de 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar fue dictado por el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, informaron en las últimas horas fuentes judiciales.

Los hechos investigados —de acuerdo con el Código Penal vigente al momento en que ocurrieron— comprenden los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica, detalló el sitio Fiscales.

La causa se inició en mayo de 2025, a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal en el que se solicitó la imputación de los acusados. La mayoría de ellos ya habían sido juzgados o condenados en otros procesos por delitos de lesa humanidad vinculados con secuestros, asesinatos o desapariciones de los padres y madres de las actuales víctimas.

En ese requerimiento, la fiscalía identificó al menos cinco patrones de criminalidad dirigidos contra niños, niñas y adolescentes. El documento describe situaciones de menores que fueron afectados directamente por los operativos represivos contra sus familiares o que quedaron expuestos a episodios de violencia extrema durante secuestros y detenciones ilegales.

En el caso interviene el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, junto con el y la auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, 17 de los acusados comenzaron a ser indagados en diciembre pasado.

Todos los procesados

Entre los procesados se encuentran los exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Omar Pedro Venturino Amaker, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Pablo José Gutiérrez Araya, Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.

También fueron procesados Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, quienes pertenecían a la IV Brigada Aérea.

En cambio, otros dos exagentes del Descatamento de Inteligencia N° 144 indagados en diciembre pasado —Hugo Zalazar Campos y Vicente Navarro Moyano— fueron apartados del proceso por incapacidad sobreviniente, mientras que Carlos Plácido Escobar Zurita fue desvinculado por falta de mérito.

El juzgado dispuso además prisión preventiva para cuatro de los imputados —Fernández Miranda, Venturino Amaker, Santamaría Blasón y Raganato Leo—, lo que será recurrido por el Ministerio Público Fiscal, ya que había pedido esa medida de coerción para la totalidad de los acusados.

También, ordenó embargos de entre 10 y 15 millones de pesos.

Hechos imputados

En su requerimiento, Vega, Rodríguez Infante y Quintar clasificaron los hechos denunciados en cinco categorías distintas:

• Delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes que permanecieron a disposición del aparato represivo luego de los operativos llevados a cabo contra sus progenitores: se refiere a casos en que fueron retenidos tras el secuestro de sus padres hasta ser entregados a familiares o institucionalizados, o de niños y niñas que fueron conducidos a CCD como el D-2 junto a sus madres.
• Delitos perpetrados durante los operativos: se vinculan con hechos padecidos por menores que estaban presentes durante los procedimientos contra sus padres y que sufrieron privaciones de libertad temporales, aislamiento, encierro o violencia directa.
• Niños y niñas abandonados a su suerte: durante los secuestros de sus padres o madres, algunos bebés o niños y niñas de corta edad fueron dejados en situaciones de desamparo, sin cuidado o protección, configurando el delito de abandono de persona.
• Acciones de violencia dirigida diferenciadamente contra NNyA: en algunos casos, fueron objeto de violencia directa, como agresiones físicas, amenazas con armas o interrogatorios, a menudo para presionar a sus padres.
• Delitos vinculados contra la identidad: incluyen la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años, y la alteración de su estado civil, a menudo mediante falsedad ideológica.