- Investigan de dónde salieron los fondos para pagar el avión privado
- El procedimiento en la televisión pública busca determinar si Adorni recibió dádivas
El allanamiento se realizó en la sede la Televisión Pública
La Justicia Federal dio un paso clave este viernes en la causa que tiene a Manuel Adorni como principal apuntado. Este viernes la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el edificio de la TV Pública ubicado en el barrio de Recoleta para incautar documentación relacionada al viaje del funcionario a Punta de Este, Uruguay.
El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni.
La medida judicial llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se tomó luego de la declaración del piloto Agustín Issin ante la Justicia, quien ratificó que la factura el viaje de Adorni a Punta del Este fue realizada y pagada por el periodista Marcelo Grandio, quien con su productora tiene múltiples programas en la pantalla de la TV Pública.
Dichas declaraciones fueron ratificadas hoy en la Justicia por la secretaria del piloto, quien dijo que el vuelo a Punta del Este que hizo en avión privado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue pagado por Grandio.
La explicación de Adorni, fue cambiando con el correr de los días. Por el momento no mostró ninguna documentación que respalde la versión de que pagó los vuelos de su bolsillo.
“Con mi plata hago lo que quiero”, se limitó a decir en una conferencia de prensa en la que agredió a los periodistas que lo interrogaron.
La investigación, bajo la tutela del juez Ariel Lijo, intenta reconstruir la ruta de beneficios detrás de un viaje privado que Adorni y Grandio compartieron con destino a Punta del Este, Uruguay.
La hipótesis principal de la fiscalía sugiere que el pago de dicho traslado podría haber sido una dádiva o una contraprestación encubierta.
La sospecha radica en si los contratos que la productora de Grandio mantiene con la emisora estatal fueron el vehículo para financiar favores privados al funcionario público, lo que constituiría el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Noticias Argentina que el requerimiento de información en el edificio de la televisión estatal no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral.
La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.