Luego de la polémica generada, Sarmiento dio un paso al costado y el juez Pina aceptó la apelación del Gobierno de Mendoza. Continúa el retiro de celulares.
Luego de la polémica generada tras la decisión del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien había ordenado suspender el retiro de los celulares de las cárceles de la provincia de Mendoza, la presión mediática del Poder Ejecutivo fue clave para que la historia cambiara sobre la marcha.
Desde el Gobierno de Mendoza dejaron trascender la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento por decisiones en los últimos años, incluida la liberación de dos presos en los años 2019 y 2023, a quienes les dio libertad condicional pese a que ambos atravesaban condenas por homicidio y pese a que tenía informes que le aconsejaban no tomar esa decisión. El resultado fue lamentable: los dos internos, Héctor Osvaldo Quiroga y Roberto Carlos Pereyra, volvieron a matar.
Que haya hecho lugar a un hábeas corpus presentado por organismos de Derechos Humanos para suspender el retiro de los celulares en las cárceles fue la gota que rebalsó la paciencia en el Poder Ejecutivo.
Ante esta situación, Sarmiento dio un paso al costado en la causa y se inhibió: "En atención a las circunstancias de público conocimiento que, por su repercusión y tenor, podrían razonablemente afectar la percepción de imparcialidad", se justificó. Para eso se basó en el artículo 72 inciso 11 del Código Procesal Penal de Mendoza, el cual establece que un juez debe inhibirse en una causa cuando "mediare violencia moral u otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad".
Tras la inhibición de Sarmiento, el juez Juan Manuel Pina decidió aceptar la apelación del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien en representación del Gobierno de Mendoza se había opuesto a la decisión del garantista. La posición de Orellana estaba en consonancia con declaraciones de Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
El miércoles 26 de marzo el Gobierno de Mendoza llamó a licitación (a partir del Decreto Nº 552) para adquirir un software que permita realizar inhibición selectiva de señales de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La inversión supera los $2.334 millones de pesos.
El objetivo es, a partir de este sistema, no autoinhibir el sistema del Servicio Penitenciario ni las señales de celulares que sí necesiten estar activos en los distintos predios, como las cárceles de Almafuerte, Boulogne Sur Mer y San Felipe.