En la Argentina, las privatizaciones vuelven a ocupar el centro de la escena política y económica. El Gobierno avanza en la búsqueda de dólares frescos con un paquete que incluye a AySA, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), todas en la lista de empresas estatales a vender bajo la Ley Bases. El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el lanzamiento de la licitación para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) desató un vendaval de reacciones en el Congreso y en la sociedad. La empresa, que provee agua potable y desagües cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del Conurbano bonaerense, se convirtió en el símbolo de este nuevo ciclo privatizador.
El plan oficial: dólares frescos para sostener a Milei
El Gobierno busca recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación, en un esquema que prevé que un “operador estratégico” se quede con al menos el 51% de las acciones, mientras el resto se coloque en la Bolsa. El 10% quedaría en manos de los trabajadores.
Entre los interesados figuran nombres de peso: Edison Energía (familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor), el Grupo Roggio, y las brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. El contrato de concesión fija un plazo de 30 años, prorrogable por 10 años más.
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La resistencia en el Senado
Mientras Caputo anunciaba la licitación, el Senado aprobaba una moción de preferencia para tratar un proyecto que busca impedir la privatización. La iniciativa, presentada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, declara a AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, lo que bloquearía su venta.
Con 35 votos a favor y 33 en contra, la moción dejó en claro que el tema divide aguas en el Congreso. El proyecto sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial, reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y que la administración del servicio debe orientarse al bien común y no a la rentabilidad privada.
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Antecedentes: la sombra de los 90
La discusión no es nueva. En los años noventa, el menemismo concesionó la entonces Obras Sanitarias al grupo francés Suez. La experiencia terminó en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con la rescisión del contrato por el mal servicio y la contaminación de ríos. Desde entonces, AySA volvió a manos del Estado.
Para De Pedro y otros senadores opositores, el intento de privatización actual repite errores del pasado y amenaza con dejar a millones de argentinos sin acceso seguro al agua.
El argumento oficialista
El oficialismo defiende la operación como parte de un programa de modernización y saneamiento de las cuentas públicas. Caputo argumenta que el Estado debe dejar de usar empresas públicas como “cajas políticas” y concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión.
En su visión, la venta de activos públicos es una vía para reforzar las reservas y sostener un modelo económico que necesita fondos frescos. El ministro estima que este año podrían recaudarse unos 2 mil millones de dólares por privatizaciones, incluyendo AySA y las demás empresas listadas en la Ley Bases.
Una pulseada abierta
El peronismo logró sumar apoyos de senadores provinciales y de bloques federales, lo que anticipa que podría reunir los votos necesarios para frenar la privatización. El oficialismo, por su parte, apuesta a que la licitación avance y que los pliegos publicados en el Boletín Oficial marquen un punto de no retorno.
En el medio, los trabajadores de AySA observan con incertidumbre, sabiendo que conservarán un 10% de las acciones pero que el futuro de la empresa quedará en manos privadas.
Nuevo ciclo de privatizaciones
La disputa por AySA sintetiza el dilema de las privatizaciones que se vienen: ¿son una herramienta para modernizar y atraer inversiones, o un riesgo de repetir viejas experiencias fallidas? El desenlace dependerá de la pulseada entre el Ejecutivo, que busca dólares y eficiencia, y una oposición que reivindica el agua como derecho humano y recurso estratégico.
Lo cierto es que, más allá de AySA, el país se prepara para un nuevo ciclo de privatizaciones que promete reconfigurar el mapa económico y político de la Argentina.
