Tras la encendida protesta de vecinos a la vera de la ruta 40 en el Valle de Uco, Alejandro Morillas remarcó que no hay licencia social para la minería en esas tierras.
Vecinos de San Carlos protestaron a la vera de la ruta 40 en la noche del jueves.
El Valle de Uco volvió a ser epicentro de resistencia. A la vera de la ruta, frente a la Terminal de Eugenio Bustos, cientos de vecinos de San Carlos realizaron un cacerolazo en repudio a la media sanción que Diputados otorgó al proyecto minero San Jorge. El lugar elegido no fue casual: desde allí partió en diciembre de 2019 la histórica caminata que culminó con la pueblada frente a Casa de Gobierno, en defensa de la Ley 7722 y del agua.
En ese contexto, el intendente Alejandro Morillas (LUM) salió a respaldar públicamente a sus vecinos. Lo hizo con un posteo en redes sociales donde afirmó: “En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que siempre sostuvo esta comunidad: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería”. Sin embargo, el gesto no oculta la contradicción política: Morillas llegó a la intendencia de la mano de Jorge Difonso, histórico defensor del agua, pero en octubre le hizo un guiño a Cornejo al convertirse en el primer intentdente nor adical en unificar las elecciones como pretendía el gobernador. Luego firmó el pase formal al Frente Cambia Mendoza.
El respaldo de Morillas a la protesta tiene estrecha vinculación con la presión social que domina al Valle de Uco, bastión histórico de la resistencia antiminería. Así, mientras su ahora aliado político, Cornejo, empuja con fuerza el proyecto San Jorge, el intendente se vió obligado a alinearse con la calle para no quedar aislado en su propio territorio.
“San Carlos siempre levantó esta bandera, y hoy la seguimos sosteniendo con la misma convicción y el mismo amor por nuestro lugar”, escribió Morillas. Pero el mensaje, más que reafirmar una postura, expone la fragilidad de un dirigente que intenta gobernar en un municipio donde la licencia social para la minería nunca existió y donde la memoria del “parientazo” de 2019 sigue viva.
La protesta en Eugenio Bustos evocó la memoria de aquella movilización que, en diciembre de 2019, obligó al entonces gobernador Rodolfo Suarez a dar marcha atrás con la reforma de la 7722. “Más o menos así empezó todo en 2019. Mendoza está despierta”, advirtieron los manifestantes, que ya lanzaron un aviso a los senadores, encargados de debatir el proyecto el próximo 9 de diciembre.
El Valle de Uco se prepara para volver a las calles, con familias enteras, jóvenes y adultos que levantan las mismas consignas de hace seis años: defensa del agua y rechazo a la megaminería. La presión social es tan fuerte que incluso un intendente aliado del oficialismo no puede ignorarla.
Tras la aprobación en Diputados, el Senado provincial se prepara para una sesión clave el 9 de diciembre. Allí se debatirá no solo el proyecto San Jorge, sino también otras iniciativas extractivistas: la ampliación de Malargüe como distrito minero, la creación de un fondo compensador de desastres ambientales y una nueva Ley de Regalías que otorga al Ejecutivo la potestad de reducir los aportes de las empresas en boca de mina.
El Valle de Uco ya avisó que volverá a las calles. El cacerolazo en Eugenio Bustos fue apenas el comienzo. En medio de la tensión, Morillas intenta sostener un delicado equilibrio: aliado de Cornejo en la política provincial, pero condicionado por la resistencia vecinal que lo obliga a pronunciarse contra el proyecto que impulsa su propio espacio.