-La Justicia frenó la arremetida de Sturzenegger contra los controles del INV antes de la cosecha.
-La vieja pelea que divide a la industria vino, de fondo.
Se viene la cosecha con una pelea alterando a la industria.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaCon la cosecha en puerta, la industria vitivinícola mira a la Justicia Federal con tanto interés como al mercado mientras avanza una causa por la eliminación del esquema de control de calidad de los vinos. El caso involucra una histórica pelea del ámbito empresarial vitivinícola y una de las pocas causas de conflicto entre Javier Milei y Alfredo Cornejo.
La industria madre de la economía local está en vilo por la decisión judicial respecto a la vigencia del esquema de control de la calidad del vino que eliminó Federico Sturzenegger, ministro desregulador del gobierno de Javier Milei.
En los tribunales quedó congelada la eliminación del esquema de control por el cual el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) certifica la pureza de los vinos que salen de las bodegas hacia el mercado. Los bodegueros medianos y chicos junto al Gobierno de Mendoza encararon una cruzada contra la medida incluida entre las 937 normas arrasadas por la resolución 37/2025 del Ministerio de Desregulación, apoyada por los gigantes de la industria agrupados en Bodegas de Argentina, entusiastas defensores del modelo sin reglas del gobierno nacional.
Aunque el conflicto minero la empujó a segundo plano en el debate público, la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) impulsada por Federico Sturzenegger es uno de los temas más calientes en la política mendocina desde finales de 2025. En resumen: Sturzenegger intentó "purificar" el INV eliminando casi 1.000 normas, pero la justicia federal le puso freno a la arremetida contra el esquema de control de calidad de los vinos.
Por ahora, "todo sigue igual que siempre", le dijo el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, a El Editor. "La Justicia aceptó un amparo y dejó sin efecto la desregulación del control", sumó el funcionario. La intervención judicial en el conflicto se prolongará más allá de la cosecha 2026. Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, explicó que con la intervención de la Justicia la vendimia que viene se desarrollará sin incidencia de la desregulación nacional sobre el esquema de control de calidad de los vinos.
La entidad del Este forma parte del sector opuesto a la avanzada del gobierno nacional sobre la potestad del INV para controlar cada instancia del proceso de producción y elaboración. El esquema que Sturzenegger y los grandes jugadores de la industria pretenden desactivar, según los detractores de la medida, asegura la trazabilidad de la producción. Para que se entienda rápido: dicen que con el control vigente, se acota la posibilidad de adulteración de los vinos desde que se corta la uva hasta que el producto elaborado sale de las bodegas al mercado.
Para los grandes jugadores, el proceso de control del INV es engorroso y complica el proceso de producción sin ventajas para las bodegas. Sturzenegger siguió esa línea. No cambió de idea ni ante el reclamo de gobernadores aliados de Milei, como el mendocino Alfredo Cornejo o el sanjuanino Marcelo Orrego.
En noviembre del año pasado, el Ministerio de Desregulación (Sturzenegger), en conjunto con el titular del INV (Carlos Tizio), derogó 973 normas de la industria.
El objetivo declarado por Sturzenegger es el cambio de la filosofía del INV. Quería que el Estado dejara de controlar el proceso productivo (cosecha, transporte, molienda) y se limitara exclusivamente a controlar el producto final en botella (salubridad y genuinidad). Sturzenegger argumentó que el sistema anterior trataba a los bodegueros "como delincuentes" y que la burocracia era absurda.
La mayor "guerra" se desató por el Certificado de Ingreso de Uva (CIU). Sturzenegger quiso hacer que este documento (que garantiza la trazabilidad de qué uva entra a la bodega) fuera optativo.
Las grandes bodegas (agrupadas en Bodegas de Argentina) apoyaron la medida como una modernización. Sin embargo, los pequeños y medianos productores entraron en pánico, argumentando que sin el CIU obligatorio se abría la puerta al fraude, a la mezcla de vinos sin origen claro y a la destrucción de la "Marca Argentina".
La tensión escaló cuando Sturzenegger, ante la resistencia de las cámaras empresarias mendocinas, comparó a los viñateros Claudio "Chiqui" Tapia, acusándolos de querer mantener privilegios corporativos y oponerse a la libertad ("pegarle al chancho para que aparezca el dueño"). Esto cayó muy mal en el sector productivo de Mendoza, que sintió que se banalizaba el riesgo de fraude comercial.
El 31 de diciembre de 2025 la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por entidades de viñateros de Mendoza. La medida suspendió la aplicación de la desregulación en los puntos críticos (como la opcionalidad del CIU). El esquema del INV sigue funcionando, pero la reforma profunda de Sturzenegger está en pausa judicial. Se espera que la pelea continúe en la Corte o que el gobierno intente una vía legislativa más robusta (como la Ley Hojarasca) para evitar los amparos.
Esta situación ha dejado al gobierno provincial en una posición incómoda: por un lado, apoyan la línea de desregulación y libertad de mercado de Milei; por el otro, no pueden ignorar el reclamo de la base productiva local que teme que la desregulación total beneficie solo a los grandes grupos concentradores (como Peñaflor o Catena) en detrimento de los viñateros independientes.