-Un tribunal porteño condenó a dos hombres y una mujer detenidos en protestas contra el gobierno.
-Es la primera sentencia por el protocolo antipiquetes.
Las protestas están bien restringidas, según la Justicia.
La justicia condenó a los primeros manifestantes detenidos bajo el imperio del protocolo antipiquetes en lo que representa un punto de inflexión para la jurisprudencia argentina y un espaldarazo político a la gestión del Poder Ejecutivo. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal.
El Protocolo de Orden Público fue implementado por el Ministerio de Seguridad estando a cargo de Patricia Bullrich. Por primera vez se prohibió protestar en la vía pública. Matías Ávalos, Lucía González y Jorge Peralta fueron condenados por la comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, daño agravado e infracción al Artículo 194 del Código Penal, que penaliza a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes de tierra.
La sentencia estipula penas de entre un año y medio y dos años de prisión en suspenso, además de la obligatoriedad de realizar tareas comunitarias y la prohibición de acercarse a la zona del Congreso de la Nación durante actos públicos por el término de dos años.
Los hechos que dieron origen a la causa se remontan a las intensas jornadas de protesta ocurridas meses atrás, cuando diversas organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda se movilizaron en rechazo a las reformas económicas impulsadas por el gobierno.
En aquella oportunidad, las fuerzas federales de seguridad, integradas por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, ejecutaron un despliegue masivo para evitar que los manifestantes ocuparan la calzada de la Avenida Entre Ríos.
Según la lectura del fallo, el tribunal consideró probado que los condenados "actuaron de manera coordinada para vulnerar el cordón policial e interrumpir de forma total el flujo vehicular, desoyendo las reiteradas advertencias de las autoridades". El magistrado a cargo del voto mayoritario subrayó que "el derecho a la protesta no es absoluto y debe coexistir en armonía con el derecho de los demás ciudadanos a la libre circulación, un principio que el Protocolo de Orden Público busca resguardar".
Desde el entorno de la ex ministra Patricia Bullrich no tardaron en reaccionar. Fuentes oficiales calificaron la sentencia como "un triunfo de la ley sobre el caos". En una breve rueda de prensa, la funcionaria sostuvo: "Este fallo envía un mensaje claro a la sociedad: el que corta, paga. Se terminó la era de la impunidad en la que unos pocos secuestraban el tiempo de millones de argentinos de bien". Asimismo, se confirmó que el Estado solicitará, a través de una demanda civil, que los condenados se hagan cargo de los costos operativos del despliegue de seguridad, que incluyen combustible, horas extras del personal y reparación de móviles.
Por su parte, las defensas de los acusados, nucleadas en diversas organizaciones de derechos humanos, adelantaron que apelarán la medida ante la Cámara Federal de Casación Penal. El abogado defensor de Lucía González denunció que el proceso judicial estuvo "viciado de tintes políticos" y que se busca "criminalizar la protesta social para silenciar el descontento popular". Según su visión, el uso de este protocolo vulnera pactos internacionales con jerarquía constitucional que protegen la libertad de expresión y reunión.
Mientras que para el oficialismo se trata de la restitución de la autoridad del Estado, para los sectores de la oposición y especialistas en Derecho Constitucional, la aplicación estricta del Artículo 194 podría sentar un peligroso precedente que limite la capacidad de reclamo de los sectores vulnerables.
La jornada cerró con una tensa calma en las inmediaciones de los tribunales de la calle Comodoro Py, donde un pequeño grupo de militantes se congregó para manifestar su solidaridad con los condenados.