Se trata de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores del sureño departamento, Andrea Lorente. Hoy el gobierno oficializó la aceptación de su renuncia.
El gobierno le aceptó la renuncia a la cuestionada fiscal Andrea Lorente
La dimisión de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores de Malargüe, Andrea Lorente fue aceptada y publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 1407. La aceptación de la renuncia por parte del gobierno de Alfredo Cornejo se da luego de que día atrás Lorente presentará su dimisión tras un pedido de Jury de Enjuiciamiento que no alcanzó ni a estudiarse.
La acusación contra la magistrada llegó con la firma de su jefe, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé. En un extenso escrito en el que enumera malos desempeños en 31 expedientes, el jefe de los fiscales pidió su destitución por mal desempeño. Conocido el hecho, Lorente presentó su renuncia la semana pasada.
El decreto está firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. La segunda autoridad de la provincia fue quien tuvo a cargo esta diligencia, ya que el Gobernador de Mendoza se encuentra en Brasil desarrollando una agenda centrada en la cooperación bilateral en materia de producción, informó hoy el gobierno.
El decreto que acepta la renuncia de la funcionaria judicial toma la declaración de la fiscal como base para sostener que “la propia renunciante manifiesta en su nota de dimisión que “si bien intenté dar todo de mí dentro de lo establecido legalmente en el desempeño de mis funciones, resulta evidente que no ha sido suficiente para lograrlo, por lo que, siguiendo con mi interés de llegar a ese bienestar, es que entiendo que mi renuncia indeclinable es el mejor camino para lograr de esta manera que otro profesional pueda intentarlo”.
Además, el decreto establece que ante el reconocimiento de Lorente “de la manifiesta incapacidad para continuar en el ejercicio del cargo, reconociendo no estar a la altura de las circunstancias por cuestiones personales y de salud, y la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante del Ministerio Público Fiscal” en su lugar.
Todo comenzó con una investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal, organismo que documentó cada afirmación para pedir el Jury de Enjuiciamiento de la fiscal de Malargüe. Allí, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, aseguró que la magnitud de la gravedad detectada se centra en una serie de irregularidades que se acumularon en al menos 22 causas judiciales y configuran incumplimientos reiterados de sus deberes como funcionaria.
Gullé advirtió que “las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves”, con un impacto directo en causas sensibles vinculadas a delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, violencia de género, maltrato infantil y hechos que involucraban a funcionarios públicos.
El jefe de los fiscales asegura que la magistrada incumplió en sus deberes y cita una catarata de expedientes en los que hay causas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y maltrato infantil; violencia de género, causas en las que le correspondía ordenar la detención de los imputados; causas sin movimiento y prescriptas y otras seguidas contra funcionarios públicos.