El proyecto de Cornejo ya tiene media sanción de Diputados. AMPROS repudió a los que votaron por la reforma y presiona para frenarla en la cámara alta.
El gremio de los trabajadores de la salud cuestionó a los diputados que votaron por la reforma del Estatuto que impulsa Cornejo.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaDespués del tratamiento exprés que el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público tuvo en Diputados, el gremio de los profesionales de la salud de Mendoza (AMPROS) busca meter presión para que el Senado provincial, dominado también por el oficialismo, rechace el proyecto. La iniciativa, impulsada por Alfredo Cornejo, modifica la Ley 560/73 y pone en riesgo derechos laborales adquiridos como la estabilidad, la antigüedad y las indemnizaciones.
Con la Legislatura vallada y rodeada por columnas sindicales, el oficialismo logró avanzar la semana pasada con una reforma que desató una ola de rechazo gremial, jurídico y político. El proyecto fue aprobado por 27 votos afirmativos contra 18 negativos, con el respaldo de la Unión Cívica Radical y bloques aliados como PRO Libertad, La Libertad Avanza y Hacer por Mendoza.
Como el resto de los gremios estatales, AMProS denunció una “reforma laboral encubierta” que vulnera principios constitucionales básicos. En un comunicado público, la entidad acusó a los diputados oficialistas de haber votado “de espaldas a los mendocinos” y de obedecer “la orden del Poder Ejecutivo”, sin análisis ni consulta a los sectores afectados.
El proyecto fue tratado en tiempo récord, sin convocar a audiencias públicas ni abrir instancias de diálogo con los gremios, que de todas maneras fueron a comisiones de la Legislatura a repudiar el proyecto “No es una reforma, es la legalización de la precarización”, denunció Raquel Blas, referente sindical, durante la masiva concentración encabezada por la CGT Regional Mendoza, ATE, SITEA y CTA Autónoma, entre otros sindicatos.
La iniciativa modifica la Ley 560/73, que rige desde 1973 y funciona como norma supletoria en múltiples regímenes laborales. Su impacto alcanza a más de 100 mil trabajadores estatales, desde docentes y celadores hasta personal de salud, judiciales, administrativos y contratados.
En un comunicado difundido en las últimas horas, señaló el gremio: "Con el propósito de que los mendocinos conozcan quienes votaron en contra de los trabajadores mendocinos y a favor de la quita de derechos que tanto costaron consagrar, conocemos a los diputados radicales que concedieron su voto para lo que es una reforma laboral encubierta y un regreso a los oscuros años de la dictadura militar".
Luego nombró a los radicales que votaron por la reforma:
Cecilia Rodríguez, Jorge López, Mauricio Di cesare, Daniel Llaver, Guiliana Días, Claudia Salas, Ricardo Tribiño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez, José Manuel Vilches, Beatriz Martínez, Alberto López, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Raúl Villach, César Cattáneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Silvina Gómez y Franco Ambrosino.
El gremio precisó que Evelyn Pérez se ausentó por motivos de salud- y que el oficialismo llegó a las 27 adhesiones a través de Mauricio Torres (Hacer por Mendoza); Gabriel Vilche y Sol Salinas (Bloque Unión Pro); Mauricio Giambastiani (Mejor Mendoza); Guillermo Mosso y Enrique Thomas (PRO Libertad); y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza).
En tanto, Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), los diputados de La Unión Mendocina (LUM) y bloques ligados al peronismo expresaron su negativa al respecto.
Los gremios advierten que la reforma consolida un modelo de inestabilidad estructural. A continuación, los principales artículos que generan alarma:
1. El “interino sin derechos”: despido sin causa ni indemnización
El artículo 4 bis crea la figura del “personal interino”, que no goza de estabilidad laboral. El texto lo establece con claridad:
“El personal interino no goza de estabilidad propia, por lo que podrá ser cesado sin necesidad de sumario previo ni derecho a indemnización ni a reinstalación.”
Esto implica que miles de trabajadores podrán ser despedidos sin causa, sin derecho a defensa ni compensación, incluso si el despido es declarado nulo.
2. Antigüedad cero: desconocimiento de años de servicio
El artículo 9 del proyecto desconoce la antigüedad previa de quienes ingresen como interinos, incluso si llevan años prestando servicios bajo otras modalidades:
“El personal interino no tendrá derecho al cómputo de antigüedad previa a su designación como tal, cualquiera sea la modalidad de prestación anterior.”
Esta disposición vulnera el reconocimiento de trayectorias laborales consolidadas y niega el valor del trabajo realizado.
3. Sanciones sin apelación: cesantías encubiertas
El artículo 53 impide impugnar sanciones de hasta 15 días, lo que habilita despidos encubiertos. El texto lo explicita:
“No serán recurribles las sanciones disciplinarias de suspensión de hasta quince (15) días, salvo que se alegue y acredite abuso de poder, discriminación o violación de derechos fundamentales.”
En la práctica, bastaría con dos sanciones de siete días para que un trabajador quede en situación de cesantía, sin posibilidad de defensa.
4. Fin de los salarios caídos: despidos sin reparación
El artículo 50 introduce una limitación grave: aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no cobrará los sueldos retenidos durante el proceso. Solo se exceptúa si se prueba persecución sindical:
“La declaración de nulidad del acto de cesantía no generará derecho a percibir los salarios caídos, salvo que se acredite que la cesantía fue consecuencia de persecución sindical o discriminación.”
5. Indemnización recortada: pérdida de derechos adquiridos
El artículo 5 modifica el régimen indemnizatorio, eliminando la escala por antigüedad. El nuevo cálculo fija un monto único:
“La indemnización será equivalente al cien por ciento (100%) del último haber mensual percibido, cualquiera sea la antigüedad del agente.”
Esto representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.