- Cristina fue lleva al sanatorio Otamendi el sábado en la tarde.
- El equipo médico de la ex presidente tomó la decisión tras atenderla en San Juan 1111.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para someterse a una evaluación médica exhaustiva luego de presentar una dolencia abdominal, según confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria.
La decisión se tomó después de que un equipo médico se presentara en el domicilio de San José 1111, donde Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, y determinara, tras una primera revisión, que era necesario realizar estudios adicionales en un centro de mayor complejidad.
El traslado se efectuó con la correspondiente autorización judicial. De acuerdo con fuentes médicas citadas por Infobae, la ex presidenta presentaría un cuadro de apendicitis y es probable que deba ser sometida a una intervención quirúrgica.
El Sanatorio Otamendi se ha consolidado como el centro de referencia para la salud de la exmandataria. Allí tuvo lugar su última intervención pública en 2021: una histerectomía (extirpación del útero) siendo ya titular del Partido Justicialista.
Previamente, durante su gestión en la Casa Rosada, enfrentó cirugías de mayor complejidad en otros centros:
2012 (Hospital Austral): durante su presidencia, fue operada para extirpar un tumor en la glándula tiroides.
2013 (Fundación Favaloro): se le drenó una colección subdural crónica en la cabeza.
2021 (Clínica actual): ya como jefa del PJ, se sometió a una histerectomía, siendo esta la clínica que frecuenta habitualmente para sus cuidados de salud.
Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en un departamento ubicado en el barrio de Constitución, luego de ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”.
El 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado mediante contratos de obra pública. La sentencia confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
Esta semana, la Corte Suprema también confirmó la orden que obliga a la ex presidenta a utilizar una tobillera electrónica.
En el fallo firmado este jueves, los jueces del máximo tribunal resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar in limine las recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) en lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.