El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en la planificación de su futuro económico al autorizar, mediante el Decreto 95, un llamado a licitación pública para contratar servicios financieros que permitan ejecutar el Programa Financiero 2026 y los compromisos de deuda en dólares, la nueva y la consolidada. La medida, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 9681) y en la Ley de Administración Financiera provincial (Ley 8706).
Un escenario con vencimientos de deuda elevados
La decisión se inscribe en un contexto de fuertes obligaciones por la deuda en dólares que mantiene Mendoza. El Presupuesto vigente prevé $354.610 millones en concepto de amortización y ajustes de deuda consolidada, mientras que los vencimientos proyectados entre 2027 y 2031 ascienden a $373.350 millones. A ello se suman las emisiones adicionales de los bonos TAMAR Clase 1 y 2, autorizadas en noviembre pasado por el Ministerio de Hacienda, por $98.466 millones. En total, los compromisos considerados alcanzan los $471.817 millones.
Anticiparse al mercado
El decreto recuerda que el Programa Financiero 2026 ya había sido aprobado a comienzos de año, fijando montos y condiciones generales de futuras colocaciones. Ahora, la Provincia busca contar con bancos colocadores, estructuradores y asesores que acompañen la instrumentación de operaciones de crédito público, principalmente mediante la emisión de títulos de deuda autorizados en el artículo 41 del Presupuesto.
El marco legal habilita además a avanzar en refinanciaciones, reprogramaciones o renegociaciones de pasivos, siempre que impliquen mejoras en plazos, costos o perfil de vencimientos.
Entre los puntos destacados, el decreto señala que parte de la operatoria cuenta con autorizaciones votadas con mayorías especiales en la Legislatura, lo que exime la intervención del Auditor Interno prevista en la Ley 8706.
Asimismo, se establece que la contratación de servicios financieros comprometerá presupuesto de ejercicios futuros, encuadrándose en la excepción contemplada por la normativa provincial.
Licitación con cláusulas especiales
En línea con el objetivo de agilizar el proceso, el Gobierno dispuso que los oferentes no deberán constituir garantías de mantenimiento de oferta ni de adjudicación, una cláusula poco habitual en licitaciones tradicionales que apunta a facilitar la participación de entidades financieras especializadas.
La convocatoria incluye la aprobación de los pliegos técnicos y la conformación de una Comisión de Preadjudicación, integrada por funcionarios y técnicos del Ministerio de Hacienda, que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas.
Paso final: autorización de Milei
Por último, el Gobierno provincial aclaró que la concreción efectiva de las operaciones de endeudamiento quedará sujeta a la autorización prevista en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, paso indispensable para avanzar con emisiones o reestructuraciones en el mercado.
