Diputados buscan una normativa efectiva ante la precariedad en la mayoría de las residencias. Hay más de 300 en trámite de habilitación.
Diputados buscan regular estas instituciones, en medio de un escenario preocupante que ya lleva más de una década sin resolución definitiva.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza, presidida por Daniel Llaver (UCR), retomó el debate sobre la situación de los geriátricos en la provincia. En esta oportunidad, los legisladores recibieron al director de Adultos Mayores, Lucas Luppo, para avanzar en la redacción de una normativa integral.
Buscan regular estas instituciones, en medio de un escenario preocupante que ya lleva más de una década sin resolución definitiva.
El expediente 55259, junto a otras nueve iniciativas legislativas presentadas por distintos bloques, concentra la discusión actual. Durante su exposición, Lucas Luppo explicó que existen 60 residencias habilitadas y más de 300 en trámite, pero advirtió que “la brecha entre la legalidad y la realidad es notoria”.
Se refirió también al fenómeno de las “micro estadías”, establecimientos con apenas cinco o seis residentes que se sostienen exclusivamente con sus haberes:
“El que administra reduce insumos. La sostenibilidad es muy débil y, en muchos casos, hay una preocupante pérdida de valores cuando no hay familiares que se ocupen”.
Además, remarcó que cerca del 50% de las residencias cobra a través de obras sociales, lo que plantea dudas sobre la calidad de atención que se puede garantizar con esos ingresos limitados.
Uno de los puntos críticos abordados fue la indefinición sobre quién debe ejercer el control y la habilitación de estas residencias. La diputada Stella Huczak (PRO) expuso los “grises” entre la competencia municipal y la del Ministerio de Salud. Finalmente, se aclaró que los municipios otorgan habilitaciones comerciales e infraestructurales básicas, pero es el Ministerio de Salud quien debe intervenir en los aspectos técnicos y sanitarios.
También se analizó la necesidad de clasificar las residencias para personas mayores, no solo por cantidad de personal o infraestructura, sino también en función de las actividades, atención personalizada y adecuación a la patología de los residentes.
“Si hay algo que se pueda hacer para mejorar, incentivar a que se mejoren los hogares, lo tenemos que hacer”, fue una de las conclusiones consensuadas por los integrantes de la comisión.
El debate se enmarca en una revisión total de la legislación vigente, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto muchas falencias del sistema. En 2024 ya se había avanzado en una adecuación normativa parcial, pero ahora se busca una transformación profunda que incluya auditorías, controles regulares y criterios unificados de evaluación.
Los departamentos de Godoy Cruz, Luján y Guaymallén concentran buena parte de estas residencias, muchas de ellas adaptadas en viviendas particulares, lo que expone limitaciones edilicias importantes.
Con este debate, la Legislatura de Mendoza se encamina a establecer una política pública sostenida para garantizar el bienestar de los adultos mayores y elevar los estándares de calidad en las residencias geriátricas de la provincia.