La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley de DNU; un artículo clave fue rechazado y la norma volverá al Senado antes de las elecciones.
La Cámara de Diputados aprobó cambios en la ley de DNU y la norma ahora vuelve al Senado, retrasando un eventual veto presidencial hasta después de las elecciones legislativas.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una ley que limita estrictamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque un artículo crucial sobre un plazo de 90 días fue rechazado. La norma ahora deberá volver al Senado, postergando cualquier decisión definitiva hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La reforma modifica la ley 26.122 de 2006, impulsada originalmente por Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno de Néstor Kirchner, y busca que ambas Cámaras se pronuncien sobre la validez de los decretos.
Actualmente, solo se necesita la aprobación de una Cámara para que un DNU sea ratificado, pero con la nueva normativa, la oposición podría invalidar decretos solo con mayoría en una de las Cámaras.
Además, cada decreto deberá referirse a un área específica, evitando la combinación de múltiples temas en un solo texto. Esto impediría que se repitan casos como el DNU 70/23 de desburocratización, que modificaba cientos de leyes en diferentes áreas.
El presidente Javier Milei dejó trascender que vetaría la ley por considerarla un riesgo para la gobernabilidad. Sin embargo, los libertarios lograron ganar tiempo: el Senado tendrá que decidir si acepta los cambios o mantiene el texto original después de las elecciones.
Diputados de distintos bloques criticaron la ley desde perspectivas diversas. El mendocino Álvaro Martínez (LLA) aseguró que la reforma busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo”, mientras que Damián Arabia (PRO) recordó que Néstor Kirchner, CFK y Alberto Fernández habían utilizado los DNU como herramienta legislativa cuando contaban con mayoría en ambas Cámaras.
El artículo rechazado establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre los DNU; si no lo hacía, los decretos caducaban automáticamente. La caída de este artículo significa que, por ahora, no habrá un límite temporal estricto para la validación de los decretos.
Los legisladores de la UCR y la Coalición Cívica coincidieron en que la ley actual es insuficiente y que cualquier reforma debería implementarse en 2027, tras definir quién gobernará, buscando consensos mayoritarios y evitando un estado de excepción permanente.