El decreto del Gobierno provincial deberá contar con el aval de Diputados y el Senado. El Partido Verde metió un recurso y solicita medida cautelar.
El diputado Emanuel Fugazzotto, el senador Dugar Chappel y Mario Vadillo, presidente del Partido Verde.
Partido VerdeEl Gobierno provincial y Vialidad Nacional firmaron un convenio para que la provincia administre rutas nacionales. La medida fue defendida por el gobernador Alfredo Cornejo y ratificó el acuerdo con un decreto que deberá avalar la Legislatura. La semana próxima arranca el debate en Diputados y ya hay medidas judiciales.
Un plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios además de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda. Habrá un despacho conjunto para agilizar el debate en la Cámara de Diputados. Pero, en la justicia ya hay recursos presentados y vinieron de la mano del Partido Verde.
El espacio presidido por Mario Vadillo interpuso un recurso administrativo de revocatoria con solicitud de medida cautelar contra el Decreto 1165/2025, firmado por Cornejo. Avalan esta decisión el diputado Emanuel Fugazzotto y el senador Dugar Chappel que, se entiende, votarán en contra a la hora de que el texto llegue al recinto.
“Este convenio es un disparate jurídico, económico y fiscal. Nos convierten en rehenes de un sistema donde pagamos tres veces por algo que ya financiamos con nuestros impuestos”, advirtió Vadillo. Para el letrado, "los mendocinos ya costean el mantenimiento de las rutas nacionales a través del Impuesto a los Combustibles (Ley 23.966), que tiene asignación específica para obras viales. A pesar de eso, el gobierno provincial ahora decide utilizar recursos del presupuesto mendocino para ejecutar obras en las Rutas Nacionales 7, 40 y 143. Como si esto fuera poco, el decreto también contempla la posibilidad de instalar peajes para 'recuperar' esa inversión, obligando a los usuarios a pagar una tercera vez por circular por rutas federales."
Desde el Partido Verde alertan que el convenio vulnera derechos fundamentales y consolida un modelo de “provincialización informal”, donde Mendoza asume competencias que son exclusivas del Estado nacional sin recibir fondos a cambio. “La Nación recauda el impuesto, se queda con el dinero, no invierte en las rutas y encima le traslada la obligación a la provincia. Mientras tanto, nos quieren cobrar peaje por circular dentro de nuestro propio territorio. Esto no es federalismo, es saqueo institucional”, señaló Vadillo.
Además, consideran que "la norma presenta múltiples irregularidades legales. No existe ley nacional ni provincial que habilite la cesión de competencias en rutas nacionales. No se realizaron estudios técnicos, económicos ni financieros que avalen la decisión".
El recurso del Partido Verde exige la nulidad total del Decreto 1165/2025 y del convenio firmado con Vialidad Nacional y también solicita la suspensión inmediata de cualquier ejecución presupuestaria o avance de obra vinculado al acuerdo, y el resguardo de los derechos de los usuarios viales mendocinos, así como del patrimonio público provincial. De persistir esta violación a los principios constitucionales, el partido ya anticipó que solicitará la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Hoy te hacen pagar con tus impuestos. Mañana, con el peaje. Y cuando reclames, ya será tarde. Por eso actuamos ahora. No vamos a permitir que Mendoza siga resignando derechos ni entregando sus recursos para negocios ajenos”, concluyó Vadillo.