-Habilita a las provincias a habilitar la extracción de minerales en el entorno de los glaciares.
-Tiene media sanción del Senado. Apoyo de gobernadores.
La Libertad Avanza lleva la Ley de Glaciares al recinto de Diputados.
El oficialismo movió sus fichas para cerrar uno de los capítulos más polémicos de la agenda ambiental y económica de 2026. La Libertad Avanza, solicitó formalmente a la presidencia de la Cámara de Diputados convocar a una sesión especial este miércoles 8 de abril con el objetivo de sancionar definitivamente la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639).
En la Cámara Baja del Congreso Mendoza tiene 10 representantes: siete mileístas (Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Luis Petri, Álvaro Martínez, Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Julieta Metral Ascencio), dos peronistas (Emir Félix y Martín Aveiro) y una libertaria arrepentida (Lourdes Arrieta). Los siete mileístas votarán en línea con el pedido de la Casa Rosada, compartido por la gobernación de Mendoza, a cargo de Alfredo Cornejo. El lobby minero presiona detrás del cortinado del Congreso por la sanción de la modificación de la Ley de Glaciares.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado, llega al recinto en medio de un clima de extrema polarización. Mientras el Poder Ejecutivo argumenta que la modificación es vital para "destrabar inversiones millonarias" en minería, principalmente de cobre y litio, las organizaciones ambientales y sectores de la oposición denuncian un "retroceso irreversible" en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La reforma propone un cambio de paradigma en la protección del ambiente periglacial. El texto impulsado por el Gobierno establece que para que una zona sea protegida no bastará con su clasificación geomorfológica actual, sino que deberá demostrarse su "función hídrica" efectiva. En términos prácticos, esto permitiría que proyectos mineros obtengan factibilidad ambiental en áreas que hoy están vedadas por la ley vigente sancionada en 2010.
El diputado libertario Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General, ha sido uno de los principales defensores de la celeridad del trámite. "Buscamos dar seguridad jurídica. No se trata de dejar de proteger, sino de permitir el desarrollo allí donde no hay afectación real al recurso hídrico", sostienen desde el despacho oficialista.
Sin embargo, el debate no solo es técnico, sino profundamente político. La Casa Rosada calcula reunir más de 130 votos, apoyándose en la disciplina del PRO y en el acompañamiento de gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca y Salta. En este tema, las lealtades partidarias han mostrado grietas: en el Senado, legisladores del peronismo vinculados a provincias andinas, como Sergio Uñac y Lucía Corpacci, ya habían votado a favor, lo que anticipa un comportamiento similar en la Cámara Baja por parte de algunos integrantes de Unión por la Patria.
Del otro lado, la resistencia es encabezada por figuras como Maximiliano Ferraro de la Coalición Civica y sectores del radicalismo vinculados a provincias "aguas abajo" como La Pampa, que temen que la alteración de las nacientes en la Cordillera afecte el caudal de los ríos que surcan sus territorios. "Las decisiones en las nacientes tienen impactos federales. No podemos dejar la protección de un recurso nacional en manos de criterios provinciales laxos", advirtió un legislador de la oposición.
A esto se suma el malestar de las ONG ambientales, que en las audiencias públicas celebradas a fines de marzo denunciaron irregularidades en el proceso de debate. Critican que el oficialismo haya acotado los tiempos para dictaminar sin considerar los informes científicos del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
El miércoles será una jornada extensa. El oficialismo llega con el impulso de haber priorizado este proyecto por sobre otros, como la denominada Ley Hojarasca, evidenciando que la agenda de "inversiones rápidas" es la prioridad de Javier Milei para este segundo trimestre del año.
Mientras el jefe de Gabinete y otros ministros enfrentan cuestionamientos por el caso de la criptomoneda $LIBRA y pedidos de interpelación por su patrimonio, el Gobierno apuesta a que la victoria legislativa en el tema glaciares sirva como un bálsamo de gobernabilidad y un mensaje contundente a los mercados internacionales de que la Argentina ha cambiado sus reglas de juego ambientales en favor de la explotación extractiva.