Originalmente, el Gobierno había proyectado un cronograma más pausado: media sanción en diciembre y aprobación en Diputados en febrero. Sin embargo, quitó la reforma de la agenda para garantizar la reforma laboral. Luego la masiva oposición social —expresada en una audiencia pública con más de 100.000 inscriptos, para la cual se dispuso sólo dos días de exposición en vivo— le demostró al oficialismo que es un tema de alto impacto público y al parecer ordenó acelerar para no dilatar más los tiempos de tratamiento.
La agenda legislativa marca que el martes próximo se reunirá el plenario de comisiones para escuchar a gobernadores que integran la Mesa del Litio y del Cobre, impulsores del proyecto. El oficialismo prevé firmar el dictamen inmediatamente después y llevarlo al recinto el miércoles.
Alfredo Cornejo es uno de los integrantes de la Mesa del Cobre junto con Marcelo Orrego de San Juan, Raúl Jalil, de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy y el salteño Gustavo Sáenz. Los de la mesa del litio esta formada por los tres últimos. En la reunión que tuvieron en Mendoza, ante los inversores todos coincidieron en la "necesidad" de reformar la ley.
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Gobernadores de la Mesa del Cobre reunidos en Mendoza.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
En la Casa Rosada, según citan medios especializados acreditados, aseguran que el poroteo les da margen suficiente, aunque admiten que existen riesgos: provincias con reclamos históricos por recursos hídricos, como La Pampa, podrían mostrar fisuras, y el peronismo también exhibe tensiones internas entre quienes responden a las provincias mineras y quienes se alinean con el ambientalismo.
La oposición por su parte amplió la impugnación de la audiencia pública ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Denuncian irregularidades en diez páginas de observaciones y buscan judicializar el proceso, argumentando que no se cumplieron los compromisos internacionales en materia ambiental, como el Acuerdo de Escazú, que ordena escuchar a quienes serán afectados por la ley.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz, a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la convocatoria: “Hubo más de 2500 exposiciones subidas por video. Las 24 provincias estuvieron representadas. Los que hablaron a favor de la ley fueron minoría, pero la audiencia cumplió su objetivo”, le dijo a El Destape.
La tensión también se trasladó a la Comisión de Minería de Diputados. En su reunión constitutiva de ayer, la flamante presidenta Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) puso sobre la mesa la reforma de la Ley de Glaciares y propuso convocar a autoridades nacionales y empresas para explicar cómo se realizan los controles ambientales en zonas cercanas a glaciares.
Su iniciativa generó un cruce con Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, quien cuestionó que la comisión no hubiera recibido giro formal del proyecto. “No es casual. Quisieron que el tema no quede pegado a la minería, pero indudablemente tiene que ver”, lanzó, sugiriendo que el oficialismo busca despegar la reforma de la actividad extractiva para evitar el costo político.
Martínez fue más allá: denunció que el apuro por dictaminar y tratar la ley responde a compromisos con sectores corporativos internacionales. “Después de la sesión se quieren ir a Estados Unidos a llevarle la aprobación”, ironizó, poniendo en evidencia la sospecha de que la reforma responde más a intereses económicos que a una planificación ambiental seria.
Ávila replicó que el debate gira en torno a la potestad de las provincias sobre sus recursos y al equilibrio entre desarrollo minero y cuidado del medio ambiente. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, respaldó esa postura y recordó antecedentes legislativos: “Esto se trata de armonizar derechos y obligaciones, proteger el agua dulce de los glaciares y permitir el desarrollo regional”.
El debate sobre los giros de comisión
El cruce en la Comisión de Minería dejó al descubierto cómo la discusión sobre la Ley de Glaciares se “coló” en ámbitos que, al menos formalmente, no estaban previstos para tratarla. El proyecto no había tenido giro a esa comisión, pero la insistencia de Ávila y la reacción de Martínez evidenciaron que hay intereses en juego en el avance acelerado de la reforma.
german martinez
Germán Martínez, de UxP, denunció que hay intereses megamineros detrás de la reforma de la Ley de Glaciares.
El santafesino recordó que en 2009 la ley original sí había pasado por Minería, y que excluirla ahora era una decisión política para evitar que quedara asociada directamente con la explotación de recursos. Esa tensión sobre los giros de comisión se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia: ¿es posible discutir la protección de glaciares sin hablar de minería?
La discusión expuso la raíz del conflicto: la reforma de la Ley de Glaciares no es sólo un tema ambiental, sino también económico y federal. Las provincias mineras reclaman mayor margen para explotar recursos estratégicos como el litio y el cobre, mientras organizaciones ambientales alertan sobre el riesgo de afectar reservas de agua dulce vitales para el futuro. En ese cruce de intereses, el oficialismo busca acelerar la sanción definitiva, consciente de que cada día que pasa la resistencia social se amplifica.
Semana decisiva
La próxima semana será decisiva. Si el oficialismo logra imponer su mayoría en el Senado, la reforma quedará aprobada y se abrirá un nuevo capítulo en la relación entre minería y ambiente en Argentina. Si, en cambio, las fisuras internas y la presión social logran frenar el proyecto, el Gobierno enfrentará un revés político significativo, con final abierto de cara a las supuestas inversiones varias veces millonarias que llegarían con la reforma.
