Minería en periglaciares: La Pampa revivió la pelea con Mendoza por el agua del Atuel y alertó por el Colorado

El ejemplo más claro de la mirada sobre la cuenca ampliada que buscó introducir Basso es el río Atuel, cuya historia de conflictos entre Mendoza y La Pampa atraviesa más de siete décadas. “Fue una historia de decisiones unilaterales aguas arriba, que generaron desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones. Una herida hídrica que sigue abierta siete décadas después”, expresó Basso, enlazando el pasado con el debate actual.

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Un conflicto que escaló a la ONU y a la CIDH

El caso del Atuel es paradigmático. La Corte Suprema ordenó en 2017 que Mendoza garantizara un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial para recomponer el ambiente. Además hubo un fallo en el 2020 donde se le ordenó a Mendoza fijar plazos para la entrega de agua.

Sin embargo, La Pampa denuncia que ese fallo no se cumple y que Mendoza manipula los datos de caudal. El Departamento General de Irrigación mendocino, por su parte, sostiene que sus mediciones son definitivas y atribuye la disminución del agua al cambio climático, proponiendo obras de infraestructura para optimizar su uso.

La disputa escaló incluso a instancias internacionales: la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó analizarlo. Mientras tanto, en el oeste pampeano la falta de agua ha provocado desertificación, salinización y pérdida de biodiversidad, configurando lo que en la provincia llaman una “herida socioambiental”. Incluso expertos en Derechos Humanos de la ONU pidieron al gobierno argentino una solución para los afectados por el ecocidio en el oeste pampeano.

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El rechazo pampeano a la reforma

En ese contexto, la secretaria de Ambiente pampeana fue categórica: “Hoy no podemos mirar esta reforma con ingenuidad, porque sabemos que cuando se debilitan los controles, cuando se fragmentan las reglas y cuando se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables”.

Basso sostuvo que flexibilizar la protección de los glaciares sería “un avasallamiento del federalismo ambiental”. Y cerró con una definición que resume la postura pampeana: “La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro, y defenderla es nuestra responsabilidad”.

A la inversa, funcionarios de San Juan dan el ok a la reforma

Como contrapunto de la funcionaria pampeana, desde San Juan, funcionarios defendieron la reforma argumentando que la minería es clave para su matriz productiva y que los estudios técnicos permiten diferenciar entre glaciares y geoformas periglaciares de significancia hídrica.

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Emilio Fernández, quien buscó desarmar lo que llamó “la falsa dicotomía” entre minería y protección del agua. Con un tono firme, explicó que su provincia es montañosa y desértica, con apenas un 3% de su territorio convertido en oasis donde conviven población y agricultura, lo que hace que la minería sea “ineludible” para su matriz productiva.

Fernández detalló que el 81% del agua consumida en San Juan se destina a la agricultura, el 16% al consumo humano y solo el 3% a la minería, y sostuvo que esa actividad puede aportar infraestructura y recursos para mejorar la eficiencia del riego agrícola. En su exposición, responsabilizó a los gobiernos kirchneristas por el abandono de los canales de distribución primaria durante dos décadas, y aseguró que la minería está colaborando con inversiones para nuevos sistemas de riego y programas de reconversión agrícola. Con este argumento, Fernández intentó mostrar que la minería no es una amenaza sino una oportunidad para diversificar la economía provincial, defendiendo la reforma como una forma de “proteger mejor” los recursos hídricos sin frenar el desarrollo productivo.

Otra de las voces que se hicieron sentir con fuerza fue la de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien se acercó a la mesa principal portando una pila de inscripciones impresas que dejó frente a los legisladores, y lanzó: “Es el colmo que entreguen los glaciares y hablen de las impresiones”.

Su exposición estuvo marcada por un tono confrontativo hacia el oficialismo y en particular contra Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a quien acusó de “caradurez”. Vilar relató sentir “escozor y angustia” por el avance de la reforma y recordó que la Cuenca del Salado atraviesa cinco provincias y que la zona sur bonaerense cuenta con 80.000 hectáreas productivas que dependen del agua. Con un cierre apelando a la sensibilidad humana, pidió: “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”. Su intervención, áspera y cargada de dramatismo, buscó dejar en claro que la discusión no es meramente técnica, sino que involucra la vida de comunidades enteras.