- La justicia avanzó con imputaciones a dos mujeres en Malargüe
- Investigan si falsificaron certificados para cobrar el programa Enlace
La justicia provincial investiga un posible fraude en Malargüe.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Programa Enlace en Malargüe, un plan provincial de entrenamiento laboral destinado a mejorar la empleabilidad, enfrentó en el año 2023, graves denuncias por presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción durante la gestión que encabezaba Juan Manuel Ojeda. La justicia imputó a dos personas.
De acuerdo a la información judicial, la imputación es para investigar si María Noelia Andrade y Marcela Andrea Riquelme cobraron esos planes con certificados de colegios secundarios que eran adulterados. Esperan una respuesta de la DGE para saber si existían verdaderamente esos certificados.
La causa que ha avanzado y ya tiene las primeras dos imputadas se tramita en la Unidad Fiscal Departamental de San Rafael, Fiscalía N° 1, calificado como uso de Documento Público Falso en concurso real con el delito de Estafa Genérica en grado de Tentativa, ilícitos previstos y penados por el art. 292 del Código Penal.
Según lo que se sabe hasta el momento, las imputadas no serían empleadas municipales, pero sí la concuñada y la prima de la concuñada del “Paraguayo”, este último fue parte del Staff que conducía Paola Mercado, jefa de la Oficina de Empleo por el periodo 2019 – 2023. Quienes siguen de cerca el caso, advierten que "esto sería solamente la punta del iceberg que promete traer a la luz lo que muchos ciudadanos, sobre todo los damnificados, comentan".
Las maniobras fraudulentas, a nivel provincial, saltaron cuando la justicia detectó una millonaria estafa por $27 millones y fueran acusados dos empleados. La fiscal Gabriela García Cobos, acusó de Valentina Clara Cáceres, que cumplía tareas de personal técnico contratada por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo, y a su pareja Germán Exequiel Valdeomillos, ex empleado del mismo sector por “fraude a la Administración Pública en la modalidad de estafa genérica”.
El denunciante, en aquel momento, fue el propio Gobierno luego de que el Ministerio de Producción se encontrara con estas irregularidades, a fines de abril del 2024.